Por Ale Kur, SoB 417, 16/3/17

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Estas últimas semanas Turquía volvió a ser noticia en la política internacional. El motivo es la crisis diplomática que se abrió entre dicho país y Europa (especialmente, Holanda). En el centro del problema se encuentra el referéndum constitucional que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan convocó para el mes de abril, intentando establecer un sistema político presidencialista en lugar del actual sistema parlamentario. Para comprender todo esto, haremos un repaso de la situación política que atraviesa el mencionado país de Medio Oriente en los últimos años.

Turquía se encuentra sumida hace ya largo tiempo en una situación de crisis política. No se trata exactamente de una crisis de gobernabilidad, ya que el poder se encuentra fuertemente concentrado en manos del partido islamista gobernante (AKP) y su líder, el presidente Erdogan. Lo que está en crisis es el andamiaje institucional: la relación entre las instituciones, los diversos partidos y sectores políticos, etc. El régimen político en su conjunto se encuentra sometido a una fuerte presión.

Esta crisis tuvo varios momentos. En mayo-junio de 2013, la rebelión popular del parque Gezi puso en cuestión al gobierno del entonces Primer Ministro Erdogan, golpeándolo desde la izquierda, desde una posición laica y desde los intereses populares. Esta rebelión fue derrotada, pero tuvo como consecuencia un fuerte aumento en la polarización en el país y la apertura de un ciclo de inestabilidad política.

En agosto de 2014 Erdogan fue electo Presidente de Turquía, cargo que en un sistema parlamentario reviste una importancia relativa (más protocolar que real). Sin embargo, en los hechos siguió concentrando gran parte del poder en el país, por ser el líder indiscutido del partido gobernante. Por otro lado, esto ocurrió luego de una década entera de que ejerciera el cargo de Primer Ministro, siendo la figura política central en todo este periodo. Se comenzó a instalar entonces el problema del régimen político de Turquía: Erdogan comenzó a introducir su iniciativa de pasar a un sistema presidencialista, que le permitiera ejercer el poder de manera irrestricta, sin trabas institucionales.

Para el partido gobernante AKP, esto se trata de un problema estratégico. Este partido islamista se plantea refundar las bases del Estado turco, que desde la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial (1918) posee una tradición laica y una ubicación relativamente subordinada en el escenario internacional. Con un sistema presidencialista fuerte en manos de un caudillo islamista, se fortalecen las condiciones para transformar el carácter y ubicación del Estado mismo, para intentar relanzar un Estado más similar al viejo Imperio Otomano. Este es el sueño reaccionario de los islamistas turcos: relanzar a Turquía como país imperialista sobre una base religiosa (o por lo menos, con elementos fuertes de legitimación y legislación religiosa), con capacidad de ejercer una influencia regional mucho mayor.

Tras la elección presidencial de Erdogan, el siguiente gran episodio de la crisis política turca fue el conflicto con los kurdos. El partido islamista gobernante vio con un enorme resquemor el triunfo de los kurdos en Kobane (Siria, en la frontera con Turquía) contra el Estado Islámico, concretado en febrero de 2015. Este triunfo fortalecía inevitablemente a los kurdos de Turquía, oprimidos por su propio Estado. A esto se sumó el gran resultado electoral que obtuvo el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), partido pro-kurdo y de izquierda reformista, en las elecciones de junio de 2015, entrando por primera vez al parlamento con una gran cantidad de diputados. Por otro lado, este resultado no le otorgaba al partido islamista gobernante los números necesarios para volver a gobernar en soledad. La situación política turca entraba en un impasse difícil de resolver.

Para destrabar la situación a su favor, Erdogan lanzó entonces una campaña de fuertes provocaciones, que desató una proto-guerra civil en las regiones kurdas del país. Las Fuerzas Armadas turcas asediaron, bombardearon e invadieron las ciudades y poblaciones kurdas, causando una enorme destrucción y una gran cantidad de muertos. Crímenes de guerra que recientemente fueron reconocidos por primera vez por un informe de la ONU, sin que en su momento fueran denunciados por las grandes potencias imperialistas “democráticas”.

En el marco de ese proceso de hostigamiento y violencia brutal, se realizaron nuevas elecciones en noviembre del 2015 donde el partido gobernante AKP pudo obtener la mayoría necesaria para formar gobierno (capitalizando la polarización generada por el enfrentamiento militar). Pero la base de la situación ya era mucho más inestable.

Este cóctel se volvió infinitamente más explosivo en julio de 2016. Allí un heterogéneo y opaco grupo de conspiradores militares lanzó una intentona golpista que fracasó (no sin dejar una gran cantidad de muertos en el camino). El gobierno de Erdogan acusó de ser responsable de la misma a la cofradía de su exaliado Fetthulah Gulen, también islamista. Lanzó entonces una campaña de caza de brujas que, identificando supuestos “gulenistas” en todos lados, instaló un régimen de represión y terror. Cientos de miles de empleados estatales fueron despedidos, miles de personas fueron encarceladas (incluidos muchísimos periodistas), los medios de comunicación independientes fueron clausurados, etc. Al mismo tiempo, se profundizó la represión contra los sectores de izquierda como el Partido Democrático de los Pueblos, encarcelando a sus líderes, diputados y hasta a sus alcaldes (previa destitución sumaria).

Así es como Erdogan terminó por concretar en los hechos su giro autoritario. Estableció un Estado de emergencia que desde ese momento se viene renovando indefinidamente. Liquidó prácticamente todo derecho de protesta, de expresión y de oposición. Impulsó inclusive la destrucción física de los locales de la izquierda a través del uso de patotas de su base partidaria.

En ese clima ultrarreaccionario, el parlamento turco aprobó finalmente a comienzos de 2017 la convocatoria a un referéndum (que se realizará en abril) para aprobar una reforma constitucional introduciendo el sistema presidencialista. Desde entonces, toda la situación política giró a la campaña electoral del referéndum, con el oficialismo haciendo campaña por el “sí” tanto dentro como fuera de Turquía.

La crisis diplomática con Europa y la reforma constitucional

El actual conflicto se desató por el intento del gobierno nacional turco de realizar actos proselitistas en países europeos (donde se encuentran presentes importantes comunidades de inmigrantes turcos), para hacer campaña allí a favor del sistema presidencialista. El gobierno holandés le negó el ingreso al país a un ministro nacional de Turquía que tenía ese objetivo, impidiendo el aterrizaje de su avión. Este fue el detonante que hizo estallar la crisis.

El gobierno de Holanda, al igual que varios gobiernos e instituciones europeas, ven con preocupación el giro crecientemente autoritario de Erdogan. En los últimos meses viene ocurriendo una escalada de roces y tensiones entre ambos. Tanto el gobierno de Alemania como la Comisión Europea se manifestaron en los últimos días contra la posibilidad de que acumule más poder en sus manos.

De parte de los gobiernos europeos, sin embargo, se trata de una posición completamente hipócrita. Durante años fueron cómplices de todos los crímenes de Erdogan, callando ante ellos ya que Turquía era un socio político y comercial. Más aún, Turquía actuó estos últimos años como “guardia fronterizo” de Europa, impidiendo el ingreso de cientos de miles de refugiados provenientes centralmente del conflicto sirio. Los gobiernos europeos entregaron sumas de dinero enormemente cuantiosas al Estado turco para que funcione como una gran muralla contra los inmigrantes.

Por otro lado, la súbita preocupación “democrática” de Europa pasa por alto su propia creciente xenofobia e islamofobia. Mientras se erige en supuesta defensora de las libertades y derechos individuales, cercena cada vez más las libertades y los derechos de sus inmigrantes y ciudadanos musulmanes o provenientes de las excolonias de Asia y África. Una Europa elitista que intenta convertirse en una fortaleza, desentendiéndose de las víctimas de los problemas que ella misma contribuyó a generar durante siglos.

Por esta razón, ante la sociedad turca, el choque con Europa aparece como si fuera un descargo “anti-imperialista”, una reivindicación de la dignidad turca frente a la prepotencia de los colonizadores europeos. Ese sentimiento intenta capitalizar Erdogan en función de sus intereses reaccionarios: apareciendo como el “caudillo de la nación oprimida”, busca en realidad cimentar su propio poder absoluto para utilizar contra los trabajadores, contra las mujeres, contra la juventud, contra los kurdos, etc., etc.

No está claro hasta qué punto el gobierno islamista logrará su objetivo. Las primeras encuestas de intención de voto para el referéndum señalaban un resultado relativamente parejo, con un amplio sector de la sociedad rechazando la cristalización autoritaria de la situación. Es muy probable, sin embargo, que la utilización de una represión sistemática contra la oposición y la movilización masiva de recursos del Estado termine inclinando la vara para el lado del “sí” (incluyendo, llegado el caso, la posible realización de un fraude electoral sistemático). Pero tampoco puede descartarse que el rechazo sea mayor al previsto.

En cualquier caso, el referéndum se trata de una trampa reaccionaria que debe ser denunciada. En su contenido, porque busca concentrar el poder en manos de un gobierno derechista, retrógrado religioso, neoliberal y antipopular. En su mecanismo, porque obliga a la población a decidir a favor o en contra de una propuesta sobre un aspecto puntual del régimen político, sin permitirle discutir y decidir sobre el régimen en su conjunto. Es el sistema político en su totalidad el que debe ser puesto en cuestión, por ejemplo, a través de una Asamblea Constituyente libre y soberana, que pueda refundar el conjunto del país sobre nuevas bases (laicas, democráticas y socialistas).

De la misma manera, también debe ser denunciado el imperialismo europeo, su giro xenofóbico e islamofóbico, así como su centenaria política de opresión al mundo colonial y sus descendientes. Europa carece de cualquier autoridad política y moral para dar lecciones de “democracia” al resto del mundo.

Turquía necesita una salida independiente tanto del imperialismo europeo y yanqui como del autoritarismo reaccionario de Erdogan y los islamistas. Una salida que ponga en el centro los intereses de todos sus explotados y oprimidos.

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