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Por Víctor Artavia

El día de hoy, el diario La Nación publicó dos notas relativas al posicionamiento del gobierno en torno al debate del proyecto de ley 21.049, el cual pretende prohibir en los hechos el derecho a huelga en Costa Rica, incluyendo la prohibición de huelgas políticas y en los llamados “servicios esenciales”, ente otras medidas anti-sindicales.

Recordemos que éste fue elaborado por el liberacionista Carlos Ricardo Benavidez, actual presidente del Congreso por acuerdo con la bancada oficialista del PAC y los evangélicos del PRN, por lo cual no sorprende que el gobierno de Alvarado respalde gran parte de las medidas propuestas.

La posición pública del Ministro de Trabajo

En un oficio enviado el 04 de junio a la comisión especial de la Asamblea Legislativa que analiza el proyecto de ley, el Ministro de Trabajo, Steven Núñez, señaló que no apoya la prohibición del todo de las huelgas políticas[1], pues de lo que se trata es de regularlas. Aunque en apariencia esta postura difiere de la planteada por el documento original, en realidad es un matiz de forma, debido a que el gobierno apoya que se establezcan medidas restrictivas para la realización de los movimientos de huelgas e, incluso, impulsa medidas más anti-sindicales en materia de rebajos salariales.

En relación a este último punto, el ministro planteó que cuando las huelgas fueses declaradas ilegales los rebajos salariales tiene que aplicarse de forma retroactiva hasta el día que inicio la huelga, mientras que el proyecto original sostiene que sea hasta el momento en que el patrono solicite la declaratoria ante tribunales. Pero lo más grave del caso, es que el ministro Núñez planteó que, para los casos de huelgas legales, según “la jurisprudencia de la Sala II, el contrato de trabajo se da por suspendido y, por ende, se suspende tanto la obligación del empleado de trabajar como la del patrono de pagar el salario”, por lo cual pidió “estipularlo así tal cual”.

En otras partes de la carta, la posición del gobierno expresen mediante el Ministro de Trabajo, detalla otros matices de forma con el proyecto original, en un intento por “distanciarse” de las medidas más reaccionarias ante la opinión pública, pero en los hechos apoyando la esencia del proyecto presentado por el diputado Carlos Ricardo del PLN.

La Procuraduría General de la República devela el apoyo real del gobierno al proyecto de ley

Empecemos señalando que la Procuraduría General es el abogado del Estado, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, aunque tiene independencia en sus funciones. Por lo anterior, sus posiciones son las del gobierno, aunque bajo la cobertura de tecnicismos legales sin los cuidados o filtros de las posiciones políticas, como la que expuso el ministro Núñez al respecto del 21.049.

En este sentido, es sumamente clarificador el recurso de casación interpuesto ante la Sala II por este órgano el pasado 24 de mayo, donde solicitó que se declare inexistente las huelgas políticas[2]. Fundamenta su criterio en que esta figura no está tipificada en las leyes del país; además que no fue la intención de los legisladores que diseñaron la Reforma Procesal Laboral que se incluyera en esta ley.

Por lo anterior, el Procurador General, Julio Jurado, difiere de que varios jueces declarasen legales varias de las huelgas realizadas el año anterior contra el Combo Fiscal, bajo la premisa de que aunque esta figura no está tipificada, tampoco está prohibida. En este caso, los jueces realizaron una interpretación progresiva en torno a un derecho (en este caso el ejercicio de la huelga), mientras que la postura que defiende la Procuraduría General es uno regresivo.

En el resto del recurso de casación, el Estado sostiene muchos de los criterios anti-sindicales del proyecto 21.049. Por ejemplo, sostiene que la lista de servicios esenciales de la OIT no tiene carácter vinculante, por lo que cada país tiene facultad de incluir los que considere pertinentes. Además insta a regular los servicios mínimos que, sin ser esenciales y contar con el derecho a huelga, tiene que establecerse medidas estrictas para limitar las huelgas.

En síntesis, este recurso de la Procuraduría General devela que el gobierno de Carlos Alvarado apoya las medidas más anti-sindicales del proyecto de ley 21.049.

Hay que fortalecer la huelga contra el 21.049 y defender el derecho a huelga

La APSE inició la semana anterior con una huelga intermitente contra el proyecto de ley 21.049. Con una marcha que reunió a más de 10 mil trabajadores y trabajadoras de la educación, dejó en claro que las bases sindicales tienen disposición de salir a luchar en defensa del derecho a huelga. El resto de organizaciones sindicales, producto de la orientación nefasta de las dirigencias burocráticas, no se sumó a esta movilización. Pero la presión de la huelga les obligó a abrir el debate entre sus bases y la ANDE convocó a dos días de huelga intermitente, aunque en fechas diferentes a las que calendarizó la APSE.

Estas pugnas estériles entre las cúpulas sindicales no fortalecen la lucha, pues ahora es cuando más urge la unidad de las luchas, las cuales comienzan a surgir en diversas partes del país. El malestar con el gobierno es generalizado y no se va terminar, por el contrario, se va profundizar con la entrada en vigencia del IVA a partir del 1° de julio. Por eso, esta huelga puede ser un punto de lucha y encuentro para más sectores, y servir para reorganizar las fuerzas de la clase trabajadora tras la derrota de la huelga nacional contra el Combo Fiscal.

La izquierda tiene que aportar a este proceso de lucha, llamando a luchar contra el gobierno más anti-sindical, represivo y neoliberal de los últimos años. En este sentido, es un desastre la postura del Frente Amplio (FA), partido que de la forma más vergonzosa tiene a Patricia Mora como ministra de gobierno, a la vez que José María Villalta hace unos días declaró que era equivocado adversar del todo al gobierno (Ver “Villalta y cómo educar en la confianza con el gobierno“ en http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=12406).

Desde el Nuevo Partido Socialista, nuestra juventud del Ya Basta y Las Rojas, nos sumamos a las acciones de solidaridad con esta huelga, además de realizar volanteos informativos en centros de estudio y trabajo sobre el contenido de este proyecto anti-sindical, llamando a sumarse a la huelga intermitente a más sectores.


[1] Josué Bravo, «Gobierno aboga por regular la huelga política y rebajar salarios en casos ilegales», en www.nacion.com (consultado el 10 de junio de 2019).

[2] Silvia Artavia, «Procuraduría pide a la Sala II declarar inexistencia de la huelga política», en www.naciona.com (consultado el 10 de junio de 2019).