Por Roberto Sáenz, junio de 2009

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La revuelta de los patrones rurales y la izquierda argentina

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Una polémica de importancia trascendental

La nueva cuestión agraria

La rebelión de los patrones rurales y la izquierda argentina

Por Roberto Sáenz [1]

Índice:

1- Introducción
2-Campos burgueses en pugna
3- Los nuevos actores sociales en el campo argentino
4- “Marxistas” con el campo… enemigo
5- El retorno del socialismo liberal
6- Un programa socialista para el campo argentino

1) Introducción

Como rayo en cielo estrellado estalló en marzo de 2008 la más grave crisis político–social en la Argentina desde 2001. La fallida resolución 125, que pretendía instaurar un impuesto móvil a las exportaciones de cereales, desató una durísima pugna entre fracciones burguesas. Una verdadera rebelión de todas las fracciones capitalistas vinculadas a la producción de soja, en especial, se puso de pie alrededor del reparto y apropiación de la renta agraria extraordinaria que generó la disparada de los commodities en el mercado mundial. Esta pelea se salda con una durísima derrota del gobierno de los esposos K.

El agudo desarrollo de la crisis abrió un debate nacional. Una discusión global, nada habitual, acerca del reparto del trabajo no pagado de la clase obrera rural y urbana entre fracciones capitalistas: “La teoría económica pura rara vez es noticia. Sin embargo, para comprender el actual conflicto que enfrenta a las asociaciones rurales y el gobierno es imperiosamente necesario desempolvar viejas controversias conceptuales. En efecto, a primera vista, la pelea entre el campo y el gobierno parece ser una simple cinchada para apropiarse de una bolsa de recursos, tironeo que, fuera de los desórdenes verbales de los protagonistas, no parece encerrar ningún misterio. Porque, siempre en el terreno de las apariencias, nada hay más natural que el planteo del campo: dicen que tanto sus productos como la totalidad de su precio les pertenece por completo, y cualquier intento del Estado de apropiarse una parte es una intromisión inadmisible o, como gustan decir, una ‘confiscación’. Sin embargo, doscientos años de teoría económica desmienten esta apariencia”. [2]

Como subproducto de esta pugna, la izquierda argentina se dividió de manera dramática. A un movimiento social conservador, como el que se vertebró alrededor de la flor y nata de la burguesía agraria, sectores “socialistas revolucionarios” llegaron a calificarlo de “rebelión popular”… [3]

La pérdida de la brújula de clase no pudo ser mayor, comparable a la de otras fracturas históricas de la izquierda ocurridas en el siglo pasado. Sectores enteros capitularon al gobierno K o a la fracción agraria de la burguesía. Sólo una minoría –en ella, de manera destacada, el nuevo MAS– logró mantenerse en una posición independiente.

El debate nacional que se abrió alrededor de los impuestos a las exportaciones agrarias tuvo un momento de importancia alrededor del montaje de carpas de uno y otro bando en la Plaza Congreso. En ese marco, y desde las posiciones de la clase trabajadora, el nuevo MAS montó la Carpa Roja, iniciativa que llegó a alcanzar cierto impacto nacional.

Se instaló así una durísima polémica acerca de un tópico que desde hacía varias décadas no estaba en auge. Se trata de la cuestión agraria: es decir, de las relaciones de propiedad, las clases sociales y las tareas estratégicas planteadas para el campo argentino desde la óptica de la transformación socialista del país. Para las actuales generaciones militantes, un debate enteramente nuevo.

La emergencia de esta crisis ha puesto de manifiesto la estructura económico–social y del comportamiento y acción de las clases sociales en la palestra nacional. Una vez más, se ha demostrado que los conflictos sociales y políticos son una situación excepcionalmente reveladora de las “entrañas” de la sociedad.

Sin ser especialistas en el tema, nos parece de enorme valor educativo aprovechar la oportunidad para pasar revista a algunas de las problemáticas clásicas del marxismo revolucionario respecto de esta cuestión, recontextualizándolas en las condiciones de comienzos del siglo XXI. [4] Más aun cuando esta crisis y esta problemática han llegado para quedarse, y cobra inusitada importancia a la hora de comprender las tareas que tiene por delante la revolución socialista en la Argentina.

[1] Texto editado con la inestimable colaboración de Marcelo Yunes.

[2] Alex Kicillof, “La teoría económica contra los argumentos del campo”, Página 12, 21–05–08.

[3] Por fuera de la “izquierda campestre” (PCR maoísta y el MST e IS, de origen trotskista), el PO de la Argentina tuvo una posición centrista a lo largo de toda la crisis. Aunque criticó a ambos bandos burgueses, llegó en más de una oportunidad a calificar al movimiento agrario de “rebelión popular”, con el pueril argumento de que un reclamo reaccionario no podría atraer “multitudes”… En tanto, un caso singular lo configuró el pequeño grupo de la LIT–CI (PSTU de Brasil) en el país, que fue desde una posición pro–campo al comienzo del conflicto para pasarse luego –autocrítica mediante– a un apoyo crítico al gobierno K. Lo que jamás hizo fue sostener una posición independiente.

[4] Trabajos clásicos acerca del tema, además de la elaboración de Karl Marx, se pueden encontrar tanto en Lenin como en Kautsky. En nuestro país –hasta donde sabemos– existen dos obras de igual título (“La cuestión agraria”) pero sentido opuesto, como son las de Juan B. Justo (de comienzos del siglo XX) y de José Boglich (redactada promediando la década del 30). De esta literatura, la única que hemos podido abordar con cierta profundidad es la de Marx.

2) Los campos burgueses en pugna

Arranquemos con una apretada caracterización de la crisis que partió el frente burgués en la Argentina. Esta clara división de la clase dominante, sobre todo de la burguesía agraria respecto del gobierno K, es la más seria desde el comienzo del siglo cuando el gobierno de Néstor Kirchner logra ir reabsorbiendo la rebelión popular desencadenada el 19 y 20 de diciembre del 2001, al tiempo que se soldaba la unidad burguesa alrededor de una importante recuperación de la economía.

La herencia de la crisis, el “modelo” Kirchnerista y la división burguesa

El gobierno de Kirchner encarna una combinación particular: mantiene una serie de condiciones estructurales heredadas de los 90 –en puridad, comenzadas ya desde la dictadura militar– a las que le suma elementos de cierto “proteccionismo” y regulación estatal de la economía.

Se trató de una cierta readecuación del neoliberalismo puro y duro de la década menemista dejando en pie varios de sus pilares fundamentales: la precarización y flexibilización laboral; la privatización de la mayoría de los servicios públicos y los recursos naturales; la aguda tendencia a la extranjerización de la economía nacional.

Sin embargo, sobre esta base material se introdujeron una serie de modificaciones de importancia en el funcionamiento económico. La más importante, obviamente, fue la devaluación de la moneda. El paso del 1 a 1 al 3 a 1 operó como mecanismo de “protección” de la economía nacional, facilitando una recuperación de la competitividad en términos internacionales, al tiempo que posibilitó cierto rescate de las ramas sustitutivas de importaciones. Esta recuperación de la competitividad no deja de ser artificial en la medida en que no está mayormente basada en saltos de productividad producidos por un aumento de la inversión, sino en el mantenimiento de condiciones de superexplotación del trabajo.

Junto con esto, y ante la tendencia creciente en esos momentos, primer mitad del 2008, de los precios internos a equipararse con los internacionales por la vía de un creciente proceso inflacionario (la ley del valor siempre termina por imponerse; veremos esto más adelante), se establecieron mecanismos regulatorios como acuerdos de precios con diversos sectores empresariales, al tiempo que toda una serie de subsidios para determinadas ramas de la economía.

La devaluación y la recuperación de la economía permitieron un fuerte aumento en la recaudación impositiva del Estado y un importante superávit fiscal. Se mantuvo un elevado índice de impuestos directos al consumo popular, a los salarios a partir de determinado monto (disfrazado como “impuesto a las ganancias”) y a la operatoria financiera (cheques), en el marco de conservar la estructura regresiva del sistema tributario.

Al mismo tiempo, a partir de la devaluación de la moneda, se restablecieron impuestos a las exportaciones agrarias (pero de ninguna manera al escandaloso negocio minero, completamente en manos de multinacionales y que reporta ganancias siderales), cuyos ingresos fueron creciendo a lo largo de los últimos años al compás de la explosión de los precios internacionales de las materias primas hasta que la tendencia se revirtió brutalmente a partir del estallido de la crisis económica mundial.

Sin embargo, la economía no dejó de acumular signos de creciente deterioro. En el núcleo de este proceso está la tendencia a la pérdida de competitividad internacional, en tanto los beneficios logrados con la devaluación tendieron a ser horadados por la creciente inflación, sin que hubiera un salto cualitativo en materia de inversiones.

Este proceso inflacionario, repetimos, era producto –entre otros factores de la tendencia de los precios nacionales a equipararse con los internacionales, como expresión de la ley del valor considerada mundialmente.

“La recuperación económica posterior a 2002 estuvo marcada por la devaluación y las retenciones. De esta forma, muchas empresas que no estaban en condiciones de sobrevivir en los 90 renacieron de las cenizas. Se trata de capitales que por su pequeño tamaño tienen poca tecnología y emplean mucha mano de obra. Pero por esta misma razón desaparecerían (una vez más) junto al empleo que crearon si no contasen con la protección cambiaria. Por supuesto, también se beneficiaron de la devaluación los capitales más grandes radicados en el país, que vieron pesificados sus costos, en particular el pago de salarios. Pero sostener este esquema no sale gratis. Mantener el peso por debajo de su valor implica una transferencia de riqueza hacia los capitales protegidos; por cada dólar reciben más pesos que si el Estados no interviniese”. [1]

A la propensión inflacionaria contribuyeron muchos factores: la presión al alza de las commodities agrícolas e hidrocarburíferas en el mercado mundial; el cuello de botella –que también contribuyó al alza de estas mercancías en el mercado interno en materia energética; la utilización creciente de la capacidad instalada, lo que debía obligar a nuevas inversiones para ampliar la escala de producción, so pena de un aumento de precios en mercancías cuya oferta no alcanza a satisfacer la demanda; una cierta recuperación salarial (hasta 2006), aunque sin llegar a alcanzar siquiera del todo los niveles precrisis, y que funciona como una de las anclas más importantes de la ya deteriorada “competitividad”, etc.

A esto se sumó el costo de mantener un dólar sobrevaluado, obligando permanentemente a “esterilizar” los pesos tirados a la plaza mediante la emisión de títulos públicos, lo que terminó generando el recomienzo de un mecanismo de endeudamiento estatal.

La base material de todo el problema era –y es– la ausencia de verdaderas transformaciones estructurales y de un plan de desarrollo económico que permitiera elevar –de manera no artificial sino real– la productividad y competitividad del conjunto de la economía.

Milcíades Peña ya había advertido acerca de los límites estructurales de todo gobierno burgués en los países atrasados: “El desarrollo industrial ha adquirido la forma de pseudo industrialización, es decir, de un crecimiento de la industria fabril que se caracteriza en lo esencial por no subvertir el atraso del país (…). La gran industria moderna instalada coexiste con un atraso general de la economía, el que a su vez, reacciona sobre la industria imprimiéndole un carácter improductivo, ineficiente, atrasado en su conjunto pese a la importación aislada de tal o cual última palabra de la técnica. Esta coexistencia del atraso con la última palabra de la técnica, de las formas más adelantadas de la empresa capitalista con la improductividad y la ineficiencia general de la economía, todo un cuadro de contrastes que caracteriza la Argentina y a todos los países atrasados, configura lo que Trotsky denominara el desarrollo desigual”. [2]

En el mismo sentido, respecto de los K se ha señalado que “inevitablemente aparecen desequilibrios en los sistemas de subsidios y precios administrados desde el Estado; desequilibrios que se reproducen de manera ampliada a medida que avanza la acumulación de capital. Además, llega un punto en que se producen cuellos de botella. Esto ocurre porque los capitalistas que sobreviven con subsidios invierten poco y no amplían su base productiva. De esta manera los costos son crecientes, la baja rentabilidad acentúa la carencia de inversiones, y la estructura productiva atrasada demanda más y más subsidios. Por último, si ya es muy difícil tener un sistema de protecciones y subsidios equilibrados, más difícil aún es librarse de él una vez que se ha instalado y consolidado. En definitiva, lo que se proclamaba buscar, un desarrollo armónico de las fuerzas productivas con distribución progresista de los ingresos, fracasa”. [3]

Además: “El movimiento natural por la sobrevivencia de un capital menos desarrollado es negarse a la competencia, proteger sus fronteras y establecer un monopolio nacional ‘nacionalista’ (dentro del cual puede haber competencia intranacional). Sería la única manera capitalista de acumular capital y desarrollarse autónomamente. Sin embargo, el capital más desarrollado tiende a destruir todas las barreras proteccionistas del capital menos desarrollado, y lo empuja imperiosamente a la competencia”. [4]

Por último, recordemos que “los países subdesarrollados se encuentran comúnmente en desventaja en el comercio mundial porque sus tecnologías atrasadas conllevan mayores costos unitarios (siendo igual todo los demás). Ésta es, precisamente, la razón por la cual el bajo nivel de los salarios y/o los ricos yacimientos naturales se convierten en factores clave de las exportaciones de los países del Tercer Mundo que pueden ser competitivas en el mercado internacional. Los mismos factores tienden a atraer a los poderosos capitales extranjeros, que no sólo desplazan a los capitales locales, sino también refuerzan el grillo que ata el nivel de salarios. Estos bajos salarios, a su vez, inhiben la modernización capitalista de tecnología, porque el costo adicional de métodos más intensivos en capital no debe exceder el ahorro en el costo de trabajo desplazado si se quiere reducir el costo medio. En consecuencia, el resultado normal del comercio capitalista internacional, es la intensificación del desarrollo desigual a escala mundial”. [5]

Precisamente, los límites orgánicos de clase de los esposos K se expresan en la ausencia total de todo vestigio de “burguesía nacional”; así como en su incapacidad de tomar siquiera medidas de tipo capitalistas de Estado, lo que los deja muy lejos de poder caracterizarlos incluso como “neodesarrollistas”.

Claudio Katz y otros autores han esbozado esta caracterización para el gobierno K, que tiene el valor de establecer los matices que de alguna manera han caracterizado a algunos de los gobiernos que emergieron en la región luego de las rebeliones populares de comienzos de siglo respecto de lo que fue la norma en los 90. Dicho esto, la realidad es que prácticamente ninguno de ellos (salvo el caso de Hugo Chávez) ha cuestionado seriamente la herencia neoliberal.

Las presiones sobre la competitividad y la creciente necesidad de financiamiento estatal para mantener el mecanismo económico en funcionamiento fueron las razones que actuaron por detrás de la famosa resolución 125. Al gobierno no podía pasársele por alto que la coyuntura de la economía mundial estaba generando una renta diferencial extraordinaria para países productores de materias primas como la Argentina. Y esta renta es una de las fuentes de financiamiento par excelence en este tipo de gobiernos “progresistas”, y sólo es “redistribuida” en función del mantenimiento del esquema económico.

Ante la posibilidad de recibir ganancias absolutamente extraordinarias y en prevención de una crisis en el horizonte más o menos próximo (crisis que ya llegó…), las entidades patronales del campo reaccionaron poniendo el grito en el cielo: ¡de ninguna manera iba a ser el “campo” el que pagara la cuenta de la crisis nacional!

Precisamente alrededor de la apropiación de estas ganancias extraordinarias, así como ante los crecientes signos de una crisis económica de magnitud, se desató la más grande puja vivida en el país en los últimos años. Una disputa feroz que generó una fractura en la burguesía alrededor del “modelo” de acumulación.

Al comienzo del conflicto agrario esto no estaba claro. El planteo comenzó como puramente “sectorial”. Pero con el desarrollo de la lógica “objetiva” de la crisis, lo que se terminó abriendo es un debate global: una abierta pelea acerca de la orientación económica de conjunto para el país.

¿Qué es lo que quedó cuestionado? No se trataba, claro está, de los elementos que tienen continuidad con el capitalismo neoliberal instaurado en los 90 (a pesar de algunas voces demagógicas como las de Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina, a la que hacen coro los idiotas útiles de la “izquierda campestre”). El carácter abiertamente reaccionario de los cuestionamientos se expresó en la puesta en cuestión de los tímidos elementos de regulación estatal introducidos por el gobierno de Kirchner como bastarda respuesta burguesa a la rebelión popular desatada en el 2001. El cuestionamiento a los impuestos a las exportaciones, al rol del Estado en la economía, a los acuerdos de precios, la exigencia de libre exportación, el desentenderse del consumo de las ciudades, el esbozo de un mecanismo de relacionamiento económico directo con el mercado mundial, socavan supuestos específicos del “modelo” K en eventual beneficio de una forma más “ortodoxa” de racionalización de la economía nacional; forma que, coyunturalmente, ha quedado cómo “devaluada” por la emergencia de la crisis mundial.

Por supuesto, mecanismos como la devaluación o apreciación de la moneda son clásicas recetas capitalistas que tienen por objetivo un determinado tipo de racionalización de la economía nacional necesaria en uno u otro momento.

Porque “la caída de la protección efectiva vía la periódica sobrevaluación del peso cumple un papel adicional a su determinación como simple modalidad de apropiación de renta de la tierra por el capital industrial. Cuando la brecha relativa de la productividad se agudiza, el abaratamiento de los medios de producción importados crea la base para reducirla, al permitir importar equipamiento que, por más que está superado para la escala del mercado mundial, resulta de última generación para la restringida escala interna. De modo que la sobrevaluación, y la reducción progresiva de los aranceles aduaneros que se suma a ella, no llevan consigo la simple aniquilación de producciones industriales locales por el avance de la importación. Esta aniquilación es expresión de que los capitales industriales subsistentes se están liberando del lastre de las ramas cuya escala nacional las ubica ya demasiado lejos de la productividad del trabajo imperante en el ámbito mundial. Al mismo tiempo, la aniquilación en cuestión multiplica el ejército industrial de reserva, presionando los salarios hacia abajo, con el consecuente beneficio para los capitales subsistentes. Lejos de contraponerse a la modalidad específica que caracteriza al proceso nacional de acumulación (…), la sobrevaluación y la reducción de impuestos a la importación son momentos necesarios de su reproducción”. [6]

Desde otro ángulo, el gran revolucionario ruso León Trotsky no decía otra cosa: “[Estamos] en una época de descomposición del capitalismo, cuando, en términos generales, no puede ni hablarse de reformas sociales sistemáticas ni de elevación de los niveles de vida de las masas; cuando la burguesía retoma cada vez con la mano derecha el doble de lo que ha dado con la izquierda (impuestos, derechos aduaneros, inflación, ‘deflación’, carestía de la vida, despidos, reglamentación policíaca de las huelgas, etc. (…). Ni la inflación monetaria ni la estabilización pueden servir de consigna del proletariado, porque no son sino dos extremos de un mismo hilo”. [7]

La mítica burguesía “nacional”: ausente con aviso

Profundicemos en la caracterización de los bandos en pugna. Si es un hecho que la renta agraria venía siendo redistribuida mecanismo de retenciones mediante del agro a las patronales industriales y de los servicios públicos, no se puede decir que éstas hayan “puesto el cuerpo” en esta disputa. Todo lo contrario: terminaron privilegiando, en última instancia, tomar distancia del supuesto “cuestionamiento” que el gobierno pretendió hacer a los derechos adquiridos de los “productores” a la propiedad privada de sus ganancias [8]. Así, mientras de un lado apareció con toda claridad el frente único de todos los sectores propietarios del campo, no ocurrió lo propio del otro lado.

Es que, aun sin llegar a serlo, al gobierno K sufrió el síndrome de todos los nacionalismos burgueses de la periferia: la ausencia de una burguesía nacional de carne y hueso. De ahí que a lo largo del conflicto agrario el gobierno haya recibido sólo muy tímidas manifestaciones de apoyo de insignificantes sectores pymes.

No se trata de un problema puramente argentino: con matices, algo similar ocurre en varios países de Latinoamérica, como Venezuela, Bolivia o Ecuador, no casualmente, países en los que ocurrieron rebeliones populares a comienzos de este siglo. Es que como subproducto de esas rebeliones y para contenerlas dentro de límites capitalistas, emergieron gobiernos burgueses que, aun con agudas diferencias entre sí, tienen un elemento en común: la búsqueda de mecanismos mediante los cuales montar un sistema de paliativos y/o concesiones que puedan reabsorber los fervores populares.

Sin embargo, y pasado un tiempo con las grandes masas, más o menos, aunque no del todo, sacadas de escena comienza a emerger una oposición burguesa con rasgos reaccionarios y que levanta reivindicaciones que apuntan a cuestionar o ponerle estrictos límites a toda “concesión” que directa o indirectamente se haya hecho a las masas populares; proceso que, en lo inmediato, ha quedado –en cierto sentido– cómo entre paréntesis por la crisis mundial…

En la Argentina, las retenciones a las exportaciones agropecuarias, en momentos de boom internacional del precio de las materias primas, hacían las veces de mecanismo capitalista de transferencia de fondos de un sector patronal a otro, lo que ayudó indirectamente a recomponer el empleo industrial. La hegemonía kirchnerista se anudó alrededor de una reducción significativa del desempleo y un aumento de los puestos de trabajo a costa del mantenimiento de condiciones de superexplotación de los trabajadores y de salarios miserables en pesos devaluados. Todo en directo beneficio no sólo de las patronales de la industria, sino también, paradójicamente, de los grandes, medianos y hasta pequeños productores agrarios. Pero ninguno de estos sectores burgueses era ni es “nacional” (en el sentido de un proyecto propio con cierta autonomía del imperialismo).

Justamente, la rebelión sojera volvió a poner sobre la mesa una lección que por enésima vez desmiente los relatos del nacionalismo burgués de izquierda: no sólo hoy día prácticamente no hay grupo económico “nacional” de cierta importancia que no esté inextricablemente unido a capitales multinacionales, sino que en países semicoloniales como el nuestro jamás hubo –y menos podría haberla hoy– una burguesía autóctona con vocación independiente. Esto es lo que ha hecho siempre tan vacías las invocaciones de los Kirchner a la “causa nacional”, al tiempo que, en los hechos, siempre se apoyaron en los grandes grupos económicos transnacionalizados que dominan la economía del país [9].

Perdido el apoyo patronal directo, el gobierno tampoco logró, a lo largo de toda la crisis, el sustento de amplios sectores populares. Es que si su discurso fue incorporando elementos de creciente “radicalidad” nunca en los 130 días que duró la crisis las palabras y amenazas fueron seguidas por hechos.

¿Cómo se explica esto? Muy sencillo: los Kirchner siempre dijeron que su proyecto era una Argentina como “país capitalista normal”. Cuando tocaron la campanita en la Bolsa de Comercio yanqui, lo hicieron señalando su profesión de fe de que el capitalismo se habría demostrado como el sistema que permite “consumir mejor”. Sus convicciones capitalistas jamás estuvieron en duda.

En realidad, y a pesar de la aguda pérdida de credibilidad del gobierno, estas credenciales pro sistema fueron revalidadas aun bajo la presión de una tremenda crisis que arrasó con gran parte de su capital político. Ni así cambiaron un milímetro su carácter burgués. Con sólo tomar una medida realmente popular, como hubiera sido un simple aumento de salarios para compensar la tremenda escalada inflacionaria (medida que, claro está, ni por asomo podría considerarse como “anticapitalista”), seguramente habrían ganado al menos parte de la opinión pública.

La lógica de clase de su gobierno les impidió hacer nada parecido. Perdido el apoyo de lo más granado de la burguesía, con el giro a la derecha de amplias porciones de las clases medias y el justo repudio de la opinión pública popular ante el deterioro económico general, el gobierno de Cristina pareció quedar súbitamente en el aire, sólo sustentado por el aparato de Estado, parte del PJ, parte de la burocracia sindical y de un sector del movimiento de desocupados hace tiempo cooptado desde el mismo Estado.

En estas condiciones, el final era sólo cuestión de tiempo: terminó perdiendo la pulseada porque el aparato de Estado nunca puede suplantar –por sí mismo– la falta de apoyo en alguna de las clases fundamentales de la sociedad: sea la burguesía y el imperialismo, sea la clase trabajadora.

El gobierno de Cristina K quedó a la búsqueda de un rumbo que le permita recuperar al menos parte de la confianza de la clase para la que finalmente gobierna (la gran burguesía nativa o extranjera, del campo o la ciudad).

Los ruralistas: el libre mercado por todo programa

Caractericemos ahora el bando del “campo”, que parece tender a expresar una versión modernizada del modelo agroexportador de comienzos del siglo XX. Las entidades ruralistas propagan a los cuatro vientos “todos somos el campo”. Pero en un país como Argentina, donde la inmensa mayoría de la población es urbana, el retorno al esquema agroexportador “puro” significaría, sencillamente, la necesidad de “eliminar” a veinte millones de personas. Según el último censo poblacional, poco más del 10% es “rural” (localidades con menos de 2000 habitantes), y cerca de 21 millones de personas (el 52% del total) viven en los diez aglomerados urbanos más grandes del país.

“Un reciente trabajo de la CEPAL da un golpe al narcisismo del campo, que se considera el artífice del crecimiento argentino y de la salvación post crisis. Según [este] trabajo la contribución al crecimiento del PBI fue del 22,6% en la industria, 17,1% en el comercio y sólo 3,5% en el campo (…). El mismo cuadro se obtiene del INDEC: en el período 2003–2007, el PBI creció 8,7% en promedio, el PBI industrial el 10,0%, y el agropecuario, 6,0%. Ergo, la contribución de la industria al crecimiento fue mayor”. [10]

No obstante, es un hecho real que la productividad de la producción en la Pampa Húmeda alcanza los estándares internacionales. De allí que, con el objetivo de embolsarse la jugosa renta diferencial al tiempo que lograr los insumos que necesita, el verdadero programa de las cuatro entidades sea libre mercado y nada más que libre mercado. Socialmente, su reflejo es “me vinculo con la economía mundial en condiciones que me son ventajosas, y el resto que reviente”.

Por otra parte, cabe tener en cuenta que “este desarrollo agrícola ocurre en un país cuya economía sigue teniendo una productividad global inferior a la productividad de los países desarrollados. En tanto la soja –y el aceite de soja– y en buena medida el maíz y trigo, se producen con niveles de productividad de los más altos del mundo, la productividad promedio en la industria es entre un 30 a 40% del nivel de productividad de las industrias de países como Estados Unidos o Alemania. Esto significa que la economía argentina continúa siendo dependiente y atrasada. De ahí que el capitalismo agrario pampeano continúe dependiendo de los avances tecnológicos que ocurren en los países más desarrollados, y de la importación de maquinaria y tecnología avanzada. Es lo que en la literatura marxista se conoce como ‘desarrollo desigual’. Una consecuencia de esto es que, en tanto el agro pampeano puede competir a nivel mundial con un tipo de cambio real bajo, las industrias que producen bienes transables internacionalmente ‘demandan’ permanentemente un tipo de cambio real alto para salvar la brecha de productividad que existe en el mercado mundial” [11].

De allí la aparición de nuevos “teóricos” representativos de la burguesía rural: “Durante sesenta años, la Argentina ha sostenido un modelo de clausura industrial. Este es el modelo que hoy agoniza. Los argentinos del interior se acaban de rebelar contra sesenta años de exclusión unitaria, izando por su parte la bandera federal. La única manera de salir del conflicto actual será entonces elaborar un nuevo modelo económico que diseñe otro futuro para todos los argentinos. ¿Cuáles tendrían que ser los rasgos constitutivos del nuevo modelo? Quizás contra el modelo moribundo de la clausura industrial podríamos bautizarlo como un modelo de apertura agroindustrial. Queremos un país agroindustrial que salga al mundo a invadir los mercados”. [12]

En este marco, no debería sorprender que las organizaciones del campo (SRA, CRA, Coninagro y FAA) hayan conformado una suerte de “frente único”. ¿Cuál fue (y sigue siendo) el mecanismo de esta unidad de los “productores” del campo, de muy diverso origen y volumen de negocio? Muy simple: la absoluta “universalidad” del reclamo. Las organizaciones del campo se juramentaron a no levantar reclamos diferenciados que pudieran hacer saltar por los aires su unidad, que se soldaba alrededor de un reclamo común: el no aumento primero y, eventualmente, la eliminación de las retenciones a las exportaciones. Y en esto coincidían todos los “productores”. Una vez logrado esto, el reclamo de “segmentación” de la Federación Agraria Argentina se ha revelado una mera letanía, porque la propia FAA no expresa otra cosa que los socios capitalistas menores del negocio sojero.

Este reclamo común es el que argumenta el empresario Gustavo Grobocopatel: “Todas las retenciones, sean del 20, del 35 o del 45%, son malas como concepto porque castigan a aquellos que peor les va y favorecen la concentración económica”. [13]

El programa efectivo de la Mesa de Enlace de las cuatro entidades –mas allá de palabras de ocasión contra la “concentración económica”– no establece ninguna distinción respecto de grandes o chicos; respecto de “productores”, acopiadores, comercializadores e industriales.

Y más allá del problema de que cuando se habla de “productores” no se sepa de qué figura económico–social se trata –una unidad productiva familiar o un propietario de decenas de miles de hectáreas serían igualmente “productores” –, el mecanismo para satisfacer estos pedidos es la exigencia de la libre comercialización de los productos con el mercado mundial, convalidando sin intervenciones el aumento de los precios internacionales de los granos que se estaba verificando sólo hasta hace pocas semanas atrás. ¡Libertad de mercado, y nada más!

Al respecto, dice el economista marxista paquistaní Anwar Shaikh: “No hay proposición tan crucial en las teorías ortodoxas del comercio internacional como la así llamada ‘ley de los costos comparativos’ (…). Se trata de una proposición (…) que afirma que en el comercio libre los patrones de comercio serán regulados por el principio de la ‘ventaja comparativa’ (…) ninguna nación debería temer al libre comercio, puesto que humilla a los poderosos y levanta a los débiles. Algo similar a Dios, sólo que mucho más confiable…” [14]

Lógicamente que de esta “ley” se sigue que un país como la Argentina estaría condenado de por vida a la producción de mercancías de baja composición orgánica del capital, vía una reprimarizacion violenta de su economía: es decir, ¡al atraso y la dependencia por toda la eternidad!

Al respecto, es sintomática la pintura que hace de la Mesa de Enlace el oligárquico diario argentino La Nación: “¿Cuál es el ideario que le da razón de ser a la unidad de las entidades agrarias? Principalmente, la liberación de los mercados, para que el productor reciba el precio pleno de los productos, el fomento del aumento de la producción y la apertura de las exportaciones, para aprovechar el boom de la demanda mundial de commodities. Este es el corazón del ideario de la Comisión de Enlace, un paquete que se discute desde años antes del actual conflicto”. [15]

Claro que la base material para esta unidad no puede ser otra que las transformaciones operadas en el campo argentino (sobre todo, en la “zona núcleo” pampeana) en las últimas décadas. Allí está la explicación del estrecho frente único establecido entre la FAA y la Sociedad Rural (que fueron enemigos tradicionales en el campo argentino desde el Grito de Alcorta de 1912).

En suma, los “productores” no están de acuerdo con los precios que se les paga por sus productos en el mercado interno y rechazan los impuestos que pretende cobrarles el Estado. Claro que estos liberales, en otras ocasiones –cuando los precios internacionales de los granos se desploman–, no tienen empacho en pedir “precios sostén” garantizados y financiados por el Estado… Pero en las condiciones económicas dadas durante el conflicto, lo que pretendían era comerciar directamente con el mercado mundial desentendiéndose de la suerte del mercado interno, que debía afrontar los siderales precios internacionales en moneda local. [16] En todo caso, fue con esta lógica de libre mercado que el lock out agrario no dudó en poner en riesgo cierto el abastecimiento de los explotados y oprimidos del país.

En defensa de los ruralistas, se ha dicho que “las retenciones como instrumento redistributivo es otro punto polémico. Es cierto que contribuyen a desconectar los precios internacionales de los internos, pero esta no es toda la verdad. Los alimentos podrían ser aún más caros en dólares, pero también más baratos si el tipo de cambio no se mantuviera tan por encima de su nivel de equilibrio, aunque ello implicaría costos sociales indeseables en términos de empleo. Pero en un contexto inflacionario en que casi todos los precios suben, no sólo los de los productos alimentarios, los salarios se deprimen y los más pobres están peor. De esta manera queda en jaque el modelo de tipo de cambio alto y retenciones crecientes para otorgar subsidios más abultados y masivos (para pobres y ricos), mientras la permanente intervención del Estado en los mercados estropea el clima de inversiones para apuntalar el alto crecimiento económico”. [17]

Tal es el núcleo de los reclamos reaccionarios como los vividos en la Argentina en la primera mitad del año, y que amenazan volver a cada momento (ahora exigiendo la lisa y llana eliminación de las retenciones): la defensa del privilegio de embolsarse toda la renta agraria diferencial.

No otro ha sido el contenido real del lock out agrario. Un trabajo de Javier Rodríguez y Nicolás Arceo compara los niveles de renta agraria en la década del 90 y en la actualidad, y concluye que la devaluación de 2002 provocó una modificación sustancial de la magnitud de la renta agraria apropiada por los “productores”, que ahora se quintuplica. La renta agraria apropiada pasa de un promedio de 1.288 millones de pesos a alrededor de los 10.000 millones de pesos en las ya “lejanas” campañas de 2003 y 2004 (datos a valores constantes de este último año). Y si en esos años el aumento se debió mayormente a la devaluación, ni hablar de lo ocurrido en el último período, cuando la disparada de los precios de las commodities en el mercado mundial. [18]

Los citados investigadores agregan que la devaluación no sólo implicó una mayor apropiación de renta agraria, sino también un elevadísimo incremento patrimonial, vía aumento en la valuación de los campos. Considerando sólo la provincia de Buenos Aires, ese incremento rondó los 13.500 millones de dólares, y si se incluye la superficie dedicada a la ganadería, supera los 23.000 millones de dólares [19].

En consecuencia, no debería haber dudas de que el opulento movimiento social emergido con la rebelión sojera cuestionó al gobierno K desde la derecha y una posición socioeconómica privilegiada, no desde los intereses de los explotados y oprimidos del país, según la fantasiosa visión de la izquierda campestre.

Nada de esto elimina que, desde una perspectiva de clase e independiente, el otro bloque, el del gobierno K –a pesar de su diaria demagogia acerca de la “distribución social”–, sea tan patronal como el del campo, negándose, como ya señalamos, a tomar una sola medida “progresista” (incluso en el marco capitalista) en toda la crisis.

En efecto, “según el gobierno, las retenciones son en beneficio de la población trabajadora. Sin embargo, en 2007 el salario promedio de la economía apenas arañaba el poder adquisitivo que tenía en 2001. A su vez, este salario equivalía escasamente al 56% del de 1973. Con semejante evidencia, no puede sino concluirse que la riqueza social apropiada mediante retenciones, y en su momento mediante la sobrevaluación del peso, sólo sirve para alimentar el proceso nacional de acumulación del capital, que, mientras reproduce prósperamente hoy a los llorosos propietarios rurales, condena a la clase trabajadora al empobrecimiento aun en pleno auge económico”. [20]

En fin, apenas finalizado el primer capítulo de la crisis, y con una lógica de clase de hierro, cuando de lo que se trata es de las necesidades y reclamos de los trabajadores, ambos bandos no han dudado en cerrar filas para descargar todo el peso de la crisis sobre la clase obrera.

[1] Juan Kornblihtt, “Adictos a la soja”, El Aromo 42.

[2] Milciades Peña, Industrialización y pseudo industrialización, Fichas, 1964.

[3] Rolando Astarita, “Renta agraria, ganancia del capital y retenciones”.

[4] Enrique Dussel, Hacia un Marx desconocido. Un comentario de los Manuscritos del 61–63, México, Siglo XXI, 1988.

[5] Anwar Shaikh, Valor, acumulación y crisis, Buenos Aires, Razón y Revolución, 2006, p. 33.

[6] J. Iñigo Carrera, XXXXXXX, p. 74.

[7] L. Trotsky, El Programa de Transición, Ediciones Crux, 1991.

[8] Una reacción similar ha tenido la UIA frente a la reciente estatización de las AFJP.

[9] Un informe de la consultora Orlando Ferreres muestra que bajo la gestión de Néstor Kirchner se vendieron 438 empresas por 18.700 millones de dólares. Aunque está lejos de los 71.000 millones del total de los 90, cabe recordar que ese período incluyó la venta de la petrolera estatal, YPF. Ferreres señala que ahora el objetivo son más bien las empresas industriales.

[10] Alfredo Zaiat, Pagina 12, 29–03–08.

[11] Rolando Astarita, “Globalización y desarrollo capitalista en el agro”, julio 2008.

[12] Mariano Grondona en La Nación, 18–05–08.

[13] La Nación, 8–07–08.

[14] Anwar Shaikh, cit., p. 189.

[15] La Nación, 14–06–08.

[16] Un ejemplo de este desdén por el consumidor lo dio el inefable dirigente de la FAA Alfredo De Angeli, al defender públicamente que se pague “80 pesos el kilo de lomo”, es decir, el precio internacional, cuando en el mercado interno vale la cuarta parte.

[17] Néstor Scibona, La Nación, 13–04–08.

[18] CENDA, “Renta agraria y ganancias extraordinarias en la Argentina, 1990–2003”.

[19] Habrá que ver ahora, ante la emergencia de la crisis mundial, cual va a ser la evolución de los precios de la tierra.

[20] Juan Iñigo Carrera, “De paros y riquezas sociales”, Página 12, 21–5–08.

 

3) Los nuevos actores sociales en el campo argentino

El conflicto gobierno–ruralistas puso de manifiesto, por otra parte, profundas modificaciones en la estructura social y económica del campo. Los cambios en las formas de propiedad y de explotación, como era inevitable, trajeron aparejada la aparición de nuevos actores sociales y una redistribución del peso de otros anteriores. La dinámica social del conflicto es incomprensible sin dar cuenta de estos desarrollos, un criterio elemental que pocos en general y casi nadie en la izquierda en particular se tomaron la molestia de cumplir.

A su vez, no es posible comprender la evolución de la cuestión agraria en la Argentina, en particular en la Pampa húmeda, sin tomar en consideración el proceso en marcha en el sector a nivel del capitalismo mundial. Metodológicamente, no puede haber otro camino que ubicar estos desarrollos en el contexto de las leyes de acumulación del capital y la naturaleza contradictoria del desarrollo de las fuerzas productivas bajo el capitalismo. Consideraremos primero el contexto internacional que se estaba verificando hasta el brusco viraje introducido por la crisis mundial, para pasar luego a un examen de la relación entre viejos y nuevos sectores sociales en el campo argentino.

“Sojización” y desarrollo capitalista en el campo argentino [1]

“A medida que se amplía la reproducción global del capital, la producción de alimentos adopta cada vez más la forma social de la mercancía, lo cual provoca un fuerte desarrollo de la producción estandarizada. En la actualidad, el 90% de los alimentos del mundo se deriva de sólo 15 cultivos y 8 especies animales (…). La presión por abaratar los costos de reproducción de la fuerza de trabajo urbana –a lo que se suma ahora la expansión de los biocombustibles–, explica que la producción en masa de alimentos siga siendo central en el capitalismo globalizado. La mundialización del capital ha estado acompañada de un desarrollo de las fuerzas productivas en el agro. A partir de los años 50 y 60 se produce la revolución verde, y con ella la progresiva expansión de la producción. Le siguió la revolución en la genética, la introducción de las maquinas computarizadas y la utilización de satélites para mejorar el manejo de suelos, fertilizantes y control de cultivos (…). Como resultado de los avances tecnológicos, la productividad también se incrementó. Desde 1970 a 2000, el producto agrícola mundial (medido en dólares estadounidenses de 1990) se duplicó, pasando de U$ 645.900 millones a U$ 1,3 billones, en tanto que el aumento del trabajo agrícola fue del 40%, pasando de 898 millones a 1.300 millones de personas. Este incremento de la productividad explica que en el largo plazo se haya registrado una baja tendencial de los precios agrícolas. Éstos disminuyeron, según la FAO, en relación con los precios de los productos manufacturados, un promedio de casi 2% anual entre 1965 y 2005. Y es muy posible que, pasada la actual crisis, recuperen nuevamente su tendencia a la disminución relativa (tal cual se está verificando en estos precisos momentos, L.P.)”. [2]

Claro que este desarrollo no deja de ser contradictorio: “La otra cara de la expansión agrícola capitalista, del hambre incesante de ganancias y del hambre de seres humanos desposeídos de la tierra y de cualquier medio de vida es el desprecio por el medio ambiente y la destrucción de los suelos. Sólo la ampliación de las plantaciones capitalistas de soja produjo la destrucción de 21 millones de hectáreas de bosques en Brasil, 14 millones en Argentina y 2 millones en Paraguay. La sobreexplotación de la tierra lleva a la degradación, la pérdida de materia orgánica, la desertización y la salinización de los suelos. Se estima que anualmente en el mundo se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva por erosión, salinización y desertificación. A escala mundial, el 40% de la tierra agrícola estaría seriamente degradada. En resumen, la expansión de las fuerzas productivas bajo su forma capitalista es profundamente contradictoria; por un lado, aumenta la generación de riqueza material y se despliegan las posibilidades que ofrecen la tecnología y la ciencia. Por otra parte aumenta las desigualdades sociales, cientos de millones caen en la más absoluta pobreza, y se produce un colosal despilfarro y destrucción de recursos naturales”. [3]

Éste es el contexto para evaluar lo que ocurre en nuestro país en lo que hace al desarrollo de las fuerzas productivas en el campo. La oligarquía terrateniente argentina, salvo raras excepciones, fue siempre una clase muy conservadora y poco afecta a las iniciativas productivas y al cambio tecnológico. Para qué invertir si la Pampa húmeda era (y es) un paraíso agropecuario; todo crecía sin gran esfuerzo. La producción aumentaba en forma extensiva de acuerdo a la demanda del mercado mundial. Tierra sobraba. Milcíades Peña, apoyándose en Marx, la llamó “maldición de la abundancia fácil”.

Sin embargo, a partir de la década del 30 se produjo una situación de estancamiento agrario de importancia motorizado por el cambio en las condiciones económicas internacionales (Gran Depresión), que sólo se comienza a revertir a partir de los 70. Primero, con un impulso a la mecanización. A partir de 1980, y producto de la desertificación –fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires– se empiezan a usar fertilizantes en forma más intensiva. En la década del 90 se incorporan dos avances que iban a cambiar la forma tradicional de producir, provocando cambios profundos en el campo argentino: la siembra directa y la biotecnología aplicada a las semillas. [4] Era un cambio inevitable si se quería subsistir en la economía mundializada.

Hoy, el 70% de la agricultura del país se lleva a cabo mediante la técnica de siembra directa y con semillas genéticamente alteradas. Resisten mejor a las plagas, a los distintos climas y, lo más importante desde el punto de vista capitalista, aumentan los rindes por hectárea. Sin embargo, estas semillas no se pueden reproducir en el campo mismo y deben ser compradas a las grandes empresas trasnacionales proveedoras, que imponen precios de monopolio (es decir, por encima de su valor real).

En estas condiciones, se amplió enormemente la frontera agrícola. Provincias como Catamarca, Formosa y Santiago del Estero son hoy productoras de granos, algo impensado hace 40 años por su clima. Se trata de un fenómeno mundial: Paraguay es el sexto productor mundial de soja, y Mato Grosso (Brasil) lindante con Amazonas, es uno de los productores más importantes del país vecino. En cuanto a la Argentina, todo el mundo sabe que la estrella es la soja: actualmente, 50% del área sembrada. Mientras tanto, el área sembrada con trigo está estancada (con tendencia a retroceder), y hay leves repuntes del maíz y el girasol.

Como está visto, en los últimos años en la zona pampeana ha habido un desarrollo de las fuerzas productivas y del modo capitalista de producción. Esto constituye una expresión particularizada del proceso de expansión mundial del capitalismo y de expansión del imperio de la ley del mercado. El capital agrario de Argentina ha acumulado al calor del capitalismo mundial, y su fracción más poderosa está íntimamente entrelazada con el capital mundializado, en tanto que las fracciones más débiles pelean por garantizar su participación en estos mercados en expansión.

También aumentó la productividad: a mediados de la década de 1980, la hectárea rendía entre 15 y 20 quintales de soja como máximo; en 1995 estaba, en promedio, en 23 quintales, y en 2007 el rendimiento promedio fue de 30 quintales. En el caso del maíz, el rendimiento por hectárea pasó de 20 quintales en 1970 a 80 quintales en 2006. Dado el aumento de la productividad y la expansión de la frontera agrícola, es lógico que la producción haya crecido considerablemente. La producción de cereales y oleaginosas, a principios de la década de 1980, rondaba los 30 millones de toneladas. En 1996 era de 45 millones, de las cuales 15 correspondían a la soja y 30 a los cereales. En 2007 fue de 95 millones; 48 millones de soja (triplicando la producción de 1996) y 47 millones de cereales (un aumento del 60% con respecto a 1996).

En este marco, a principios de la última década se dan dos fenómenos que explican –entre otros– el boom sojero: se agudiza la crisis petrolera internacional y, como producto de la epidemia de la “vaca loca”, se comienza a alimentar el ganado con balanceados de origen vegetal. Aparecen en nuestro país nuevas agroindustrias, como la producción de biodiesel (combustible alternativo), cuya molienda alcanzó en el 2007 1.560.000 toneladas de soja.[5]

La industria aceitera y la del biodiesel dan un subproducto: el pellet de soja, que en 2005 alcanzó 17 millones de toneladas, la inmensa mayoría destinada a la exportación a China, a la Unión Europea o a la India y otros países como alimento para ganado. Con la soja, Argentina tiene ventajas comparativas respecto de otros países; por ejemplo, no es un hábito alimenticio de su población, por lo que casi toda la producción se exporta. Además, es un cultivo muy resistente a las plagas y a los distintos climas y necesita pocos cuidados, y por ende poca mano de obra.

La industria aceitera es de primer nivel mundial. Hay 49 plantas aceiteras tanto para consumo humano como, fundamentalmente, para producción de biodiesel. De este último sector, las más importantes son Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentín y Pecom, junto con 10 nuevas plantas en construcción y 18 proyectos (Repsol y Dreyfus). Se prevé moler 10 millones de toneladas de soja obteniendo 14,7 millones de barriles de biodiesel para 2010. La mayoría están asentadas en Santa Fe, provincia líder en la producción de soja en la Argentina. También ha surgido en esta provincia un sector de punta de fabricación de maquinaria agrícola. Todos estos elementos son la base material que explican la casi cuadruplicación de la producción de soja en pocos años. [6]

Así, el proceso de sojización de la agricultura ha producido cambios en diversos planos: se ha extendido la frontera agrícola, la soja ha avanzado en su implantación sobre las fronteras ganaderas y tamberas [7], produjo crisis en economías regionales dedicadas a cultivos tradicionales, hay un proceso de creciente migración poblacional del campo a las ciudades y está provocando alteraciones profundas en el ecosistema. El desmonte de los bosques es intensivo: “El Impenetrable”, la legendaria selva del Chaco, ya prácticamente no existe. La tala indiscriminada de bosques nativos es la responsable, en última instancia, de las inundaciones en Salta, porque el monte ha sido suplantado por campos de soja. Este fenómeno se da también en Bolivia, Paraguay y Brasil (3.000.000 de hectáreas de desmonte de selva amazónica por mes). Como herbicida se utiliza el glifosato, pulverizado sobre los sojales desde avionetas, que mata todo menos la soja. Popularmente, en el norte de nuestro país al sojal se lo llama “el reino del viento”: no hay vida, sólo se escucha el silbido del viento. El agroquímico provoca enfermedades de todo tipo en las poblaciones aledañas.

Si bien la siembra directa disminuye los riesgos de degradación de la tierra, la rotación de cultivos es muy baja, la soja absorbe en demasía los nutrientes de la tierra (nitrógeno, fósforo, etc.), y junto al uso de glifosato, todo esto acelera rápidamente la pérdida de fertilidad. Según datos muy conservadores del INTA (ente oficial agropecuario), en la Argentina 60 millones de hectáreas presentan diversos grados de degradación, y se pierden 500 hectáreas de suelo por día.

Todo lo expuesto anteriormente hace que la seguridad alimentaria de los sectores populares en el mediano plazo se convierta en un problema de primer orden. Ya se comienzan a sentir los primeros síntomas: el precio de la carne y las hortalizas por las nubes. ¡Es que el capitalismo agropecuario, en su afán incesante de lucro, se ha volcado a los sectores más rentables, disminuyendo la producción de otros!

Asimismo, los nuevos modos de producción que ya venían de la década pasada, más los altos precios internacionales de la mayoría de las commodities, han profundizado la concentración de la propiedad agraria de forma y magnitud nunca vistas.

Hoy la manera de producir en el campo es a gran escala, lo que es un fenómeno mundial. Porque son necesarias grandes inversiones en maquinaria e insumos, así como controlar no sólo la cadena de producción sino también la de comercialización. Este es el significado profundo del “agrobusiness”.

La política económica del gobierno kirchnerista, fiel representante de los grandes pulpos agropecuarios, ha incentivado este proceso. No es que haya desaparecido la tradicional oligarquía terrateniente argentina, pero hay nuevos actores: los pools de siembra, los fondos de inversión, Swift, Arcor, Quickfood, etc. Es tan acuciante la necesidad de producir en escala que estos grupos se han extendido a los países limítrofes, asociándose en muchos casos con capitales brasileños. Monsanto, Dupont y Nidera monopolizan el sector de los insumos (semillas, fertilizantes y agroquímicos); Cargill, Bunge y Dreyfus son verdaderos gigantes en producción, comercialización y exportación de productos del campo. La estrecha relación entre el kirchnerismo y los grandes grupos del agro se sintetizaba en la banca de senador que el PJ kirchnerista le consiguió a Roberto Urquía, de AGD, en Córdoba. Irónicamente, en el Senado Urquía votó contra las retenciones que proponía el gobierno…

En todo caso, de esta pintura de la realidad agraria argentina y en particular de la Pampa húmeda se desprende la conclusión de que llamar al campo argentino otra cosa que capitalista hasta la médula es el más solemne disparate y el más absoluto desprecio por los hechos.

El fin del “mundo chacarero”

Sea por un marco histórico–conceptual sobre las características del campo argentino totalmente anacrónico y autojustificatorio (el PCR), sea por puro analfabetismo teórico (el MST), la “izquierda campestre” hizo una pintura del paro agrario patronal completamente irreal: se llegó a hablar de la “mayor rebelión de obreros rurales y campesinos pobres y medios (!!) de la historia argentina” [8]; y de la necesidad de “apoyar la revuelta de los chacareros”.

De más está decir que por ningún lado se vio a “obreros rurales y campesinos pobres y medios” como actores sociales reales, de carne y hueso, en el lock out agrario. Hasta Gerónimo Venegas, burócrata sindical de los asalariados rurales nucleados en la UATRE y entusiasta sostenedor de la patronal agraria y sus medidas, se vio obligado a reconocer que “los jornaleros fueron los grandes perjudicados en el conflicto”.

También es una pura confusión referirse a los “pequeños y medianos propietarios” de la Pampa húmeda como si encarnaran la tradicional figura chacarera de 50 años atrás. Como veremos enseguida, el “mundo chacarero” desapareció definitivamente hace décadas.

Lo que la “izquierda campestre” no puede explicar es por qué esa “rebelión chacarera y de obreros rurales” actuó en sólido frente único con los más rancios oligarcas terratenientes y capitalistas agrarios (y sus organizaciones de clase), en vez de dividirse conforme a líneas de clase como en el famoso Grito de Alcorta de 1912, que dio origen a la Federación Agraria Argentina. En esa oportunidad, chacareros no propietarios carne y hueso (no los imaginados por la fantasía del PCR y el MST ni los burgueses agrarios de hoy) se levantaron contra los impagables arrendamientos que les cobraban los grandes propietarios del campo. Que este histórico lock out agrario tuviera una lógica de clase opuesta a la lucha de un siglo atrás debería haber hecho llamado la atención de quienes remiten a los mismos actores sociales.

Por otra parte, es indudable que aún existen en el campo argentino (fuera de las zonas más ricas y productivas) pequeños productores mercantiles y franjas verdaderamente campesinas que producen, básicamente, para el autoconsumo, y que son expoliados por grandes capitalistas y propietarios de la tierra. Se trata de pequeños propietarios (en general, insistimos, extra pampeanos) que las más de las veces poseen minifundios y explotan su propio trabajo y no el ajeno. Aquí sí estamos en presencia de “campesinos pequeños y medios”. Pero, como fue público, este sector, representada por organizaciones como el MOCASE de Santiago del Estero y otras, se expidió categóricamente en contra del actual paro agrario (lamentablemente, en general de la mano del gobierno).

De modo que la base social fundamental del paro agrario nada tuvo que ver con los sectores “campesinos” remanentes en el país Menos aún con los “chacareros”, como los definió en su insondable ignorancia el MST: “Aunque la estructura agraria ha tenido importantes avances –mayor tecnología, inversión y racionalización en la producción–, los cambios no han tocado la base de una estructura agraria oligárquica, basada en la gran concentración de la tierra, la explotación de los pequeños chacareros y la expulsión del campo de cientos de miles de productores”. [9]

Pues bien, es falso que no haya habido cambios sustanciales en la estructura del agro argentino. Por supuesto, subsiste una enorme concentración de la tierra, pero la figura de los chacareros se ha desdibujado casi por completo, transformándose una parte en nueva burguesía agraria pequeña y mediana, representada hoy por la FAA, [10] y la otra pasó a engrosar el proletariado agrícola (el cual siguió trabajando tranqueras adentro mientras sus patrones tomaban alegremente mate en las rutas montados en sus camionetas 4 x 4).

Es decir, se trata de una fracción de clase básicamente propietaria, más allá de que entregue en arriendo sus tierras, transformándose justamente en rentista, o que las pongan a producir, o que incluso muchas veces arrienden parcelas para sumarlas a la que tienen en propiedad, aumentando así su escala de producción.

Veamos cómo es este nuevo mecanismo: “La propiedad de la tierra permite, incluso, la percepción de renta sin la necesidad de realizar inversiones ni trabajo. Aun para un campo mediano, esta renta asegura un ingreso capaz de mantener una familia de clase media. Como rentista, sólo debía encontrar a alguien que pusiera la tierra en producción y pagar un canon. Desde la década de 1960 se expandió la presencia de un agente capaz de hacerlo –los chacareros sobremecanizados en relación con los campos que poseían–, y a ellos se agregaron, en la década del 90, los ‘pools de siembra’. La conducta rentista o cuasi rentista tuvo entonces una posibilidad muy concreta de efectivizarse, sin necesidad de ceder el campo en riesgosos arriendos prolongados”. [11]

Una aguda descripción de la zona núcleo pampeana de hoy sirve para ilustrar este proceso: “¿Cómo era el campo hace algunas décadas (la imagen congelada del PCR y el MST. JLR)? Una gran proporción en manos de un puñado de terratenientes que manejaban la producción y distribución a expensas de medianos y pequeños productores no propietarios que labraban la tierra con sus herramientas, en forma personal, acopiando las mejores semillas para las próximas siembras. Gran parte de su producción, que era variada, era destinada al mercado interno. Estas últimas cuestiones les daban cierta independencia de las multinacionales y una relación con la población (…). El sector que hoy tiene más protagonismo en los piquetes rurales y que más diferencias suscita entre la izquierda son los pequeños y medianos productores ligados al modelo. Son un sector que está recibiendo una parte minoritaria de la fabulosa renta en juego, pero que le ha servido para enriquecerse sobremanera en estos últimos años. Yo diría que han pasado de ser pequeño burgueses rurales a ser burgueses pequeños o medianos”. [12]

Sobre este sector de “productores” enriquecido en los últimos años, el autor agrega: “En forma mayoritaria, y cada vez más creciente, se dedican al cultivo de soja (…) son pocos los que viven aún en el campo (…) sus características más definitorias son: están ligados totalmente al mercado externo. Por esto están pendientes de la cotización de los granos de Chicago y no prestan ninguna atención al poder adquisitivo del salario de los trabajadores; mantienen dependencia comercial y técnica de los pulpos exportadores, en especial Monsanto (que maneja todos los granos de soja). Su representación es la FAA. ¿Se equivoca al aliarse la FAA con la SRA, con Monsanto y los pools? No. Son sus socios menores, que se enriquecen con las ‘migajas’ que le quedan de tan fabulosa renta; no dependen más del mercado interno ni del poder adquisitivo de los trabajadores”. [13]

Es precisamente esta solidaridad de intereses materiales entre la Federación Agraria y la Sociedad Rural lo que está en el centro de la explicación de la completa e incondicional unidad de ambas organizaciones a lo largo de todo el lock out, junto con la SRA y Coninagro, en la Mesa de Enlace.

En el mismo sentido del trabajo anterior se expresa Balsa: “La transformación en el modo de vida está condicionada (…) por el cambio en la posición social del productor mediano típico: de pequeño burgués con elementos campesinos, paso a ser una especie de terrateniente–capitalista pequeño. Sería un ‘terrateniente’ en tanto percibe una renta del suelo, sin que este término encierre otro tipo de connotaciones vinculadas a la extensión de la propiedad de la tierra (…). Podría conceptualizarse como un ‘capitalista pequeño’ en tanto que no contrata sino un pequeño número de asalariados, que no alcanzarían a convertirlo en un capitalista típico”. [14]

Por otra parte, y dando un paso más en el análisis de la actual estructura económico–social y de clases del campo argentino, Balsa rechaza la inconsistente asociación que hace el PCR de los pools de siembra como operadores “no capitalistas” y los pone en el mismo saco con los contratistas, como actores capitalistas agrarios de pleno derecho. [15]

“En la década del ‘90 incrementaron su importancia tres tipos de capitalistas agrarios relativamente novedosos: los grandes contratistas tanteros, los contratistas de servicios y los ‘pools de siembra’. Entonces, cuando la dinámica económica se desenvolvió con niveles de intervención estatal menos intensos (más cercanos al patrón neoliberal) y las explotaciones debilitaron sus rasgos familiares, el desarrollo agrario presenta una tendencia hacia el modelo ideal descrito por Marx, y casi olvidado en el cajón de las ideas equivocadas; aunque en la Pampa los que arriendan sus campos son más bien pequeños rentistas que grandes terratenientes”. [16]

En suma, los actores centrales de la Pampa húmeda han pasado a ser: a) los grandes propietarios–productores capitalistas; b) los grandes arrendatarios capitalistas (pools de siembra o no); c) los productores mediano–grandes que combinan una parte en propiedad con otras en alquiler, y d) los pequeños y medianos rentistas (los dos últimos casos, de origen chacarero).

Desde el punto de vista numérico, cabe notar el predominio de la mano de obra asalariada, que podemos dividir en dos grandes categorías. Por un lado, una minoría con altos niveles de capacitación y eventualmente de ingreso, que manejan las máquinas agrarias, muchas de ellas computarizadas. Por el otro, una mayoría superexplotada, de la cual el 70% es informal (trabajo “en negro”), muchos son trabajadores temporarios (“golondrinas”), sin cobertura social alguna, con salarios que promedian la mitad de los urbanos y a cargo de las penosas tareas manuales.

Es decir, la “peonada” rural (una vez más, totalmente ausente de los cortes de ruta, “tractorazos” y otras lindezas que nos deparó el lock out). Según una mirada de izquierda, “quienes cortaron las rutas no son los productores, los que trabajan, sino los que gestionan el trabajo ajeno. Lejos de su imagen mediática, no sudan en la cosecha: se limitan a vigilar el trabajo de los operarios que ni siquiera dirigen en forma directa. En los foros web rurales se recomiendan entre sí las mejores formas de supervisión: sentarse al lado del maquinista, vigilar sin ser vistos (…). Las empresas contratistas también se basan en el trabajo asalariado: en Buenos Aires, en el 2006, el 69% de las personas ocupadas en el contratismo rural eran obreros, y sólo menos del 31% eran socios (patrones)”. [17]

Los propietarios de la tierra…

Poniendo en números la distribución de la propiedad agraria, el último censo agropecuario del 2002 mostró que de las 330.000 explotaciones agropecuarias que tiene el país, 170.000 poseen un promedio de tierras de hasta 100 hectáreas y ocupan sólo 5 millones de hectáreas sobre un total de unas 178 millones.

Sin embargo, un propietario chico, de hasta 50 hectáreas en la Pampa húmeda, puede ingresar hasta 25.000 dólares de renta anualmente, alquilando su campo y no haciéndose cargo directamente de los “riesgos” de la producción. Aun siendo una cifra nada despreciable, podría configurar en todo caso, un sector pequeño propietario que debería –a pesar de todo– ser aliado de los trabajadores urbanos y rurales y no ir a la rastra de la Sociedad Rural…

En el otro polo, existen 936 propietarios con más de 20.000 hectáreas promedio, que se alzan con nada menos que 35 millones de hectáreas. Esto es la expresión de la histórica estructura de concentración de la propiedad de la tierra en la Argentina, que bajo el actual gobierno –contra toda su palabrería hueca acerca de la “distribución del ingreso” – no ha hecho más que agravarse.

¿Qué pasa en los estratos intermedios? Para focalizar en el sector propietario medio–medio y medio–grande enriquecido en los últimos años (repetimos, una de las figuras más activas en los cortes de ruta, según testimonios coincidentes), subrayemos que en la región pampeana, según el cálculo del presidente del INTI, Enrique Martínez, la renta se multiplica a razón de 50.000 dólares cada cien hectáreas. Entonces, para un universo de entre 500 y 3.000 hectáreas, tenemos que 45.000 productores pueden embolsarse entre 250.000 y 1.500.000 dólares al año sólo a modo de renta. [18] Es para propietarios burgueses con semejantes ingresos que la FAA exige beneficios al Estado.

En el mismo sentido: “Los pequeños productores no son los que tienen 100 ó 200 hectáreas de soja en la Pampa húmeda. Alguien que tiene 100 hectáreas en Pergamino posee un capital de 1,5 millones de dólares, ¿cómo va a ser un pequeño productor? Pequeños productores son quienes tienen 5, 10 o 30 hectáreas en Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y producen, por ejemplo, tabaco, caña de azúcar, zapallo y fruticultura”. [19]

Estos verdaderos pequeños productores fueron, repitámoslo, meros espectadores (o víctimas) del lock out agrario, porque, como es notorio, los piquetes más intransigentes y los actos más “combativos” de las entidades ruralistas estuvieron no en las zonas marginales sino en el núcleo de la producción sojera y cerealera: Armstrong, Marcos Juárez, Río Cuarto. Lo que se verifica en el hecho de que las provincias que concentraron la mayor cantidad de cortes fueron Buenos Aires con 101, Santa Fe con 64, Córdoba con 38, La Pampa con 21 y Entre Ríos con 13. En suma, “la más importante rebelión popular desde el 2001” con la que delira el MST no estuvo protagonizada por “campesinos” ni por “chacareros”, sino por rentistas con patrimonios millonarios en dólares.

El lock out agrario ha sido revelador del nuevo “mundo agrario” dominante hoy en la Pampa húmeda de la argentina, que se puso de pie alrededor del reclamo reaccionario de la apropiación de toda la renta agraria extraordinaria que genera el campo argentino, sin compartirla con ningún otro sector, patronal o no.

Como señala Astarita, “tampoco puede asimilarse al campesino arruinado que paga el alquiler de un predio para subsistir con el arrendatario pampeano que trabaja con fuertes inversiones de capital, aunque tenga pocos o ningún trabajador asalariado. El arrendatario productor pampeano recibirá como ingreso una parte de la plusvalía total producida por el capital en general. Esta plusvalía le corresponde en tanto propietario de medios de producción, al igual que sucede en cualquier otra rama de la economía en que haya una alta composición orgánica del capital. Al calcular, por ejemplo, cuánto cobra por cosechar, incluye no sólo la amortización de la maquinaria empleada, sino también una ganancia (que él considera ‘interés’) por el capital invertido. En el caso de que trabaje él mismo la maquinaria, su ingreso estará compuesto por la suma de un salario y una ganancia o plusvalía en cuanto propietario de medios de producción. Si contrata a un asalariado para que maneje la cosechadora, su ingreso será pura ganancia capitalista. La diferencia cuantitativa en fertilidad del suelo, tamaño del terreno, inversión del capital, y excedente del cual se apropia da lugar a una diferencia cualitativa, social, con respecto a la economía parcelaria campesina. En consecuencia, es imprescindible distinguir la ruina de la pequeña unidad campesina familiar de la ‘ruina’ del propietario pequeño y medio, o del arrendatario que realiza fuertes inversiones, de la Pampa húmeda. La ruina de la pequeña unidad campesina tradicional significa, en el mejor de los casos, terminar como proletario, y muchas veces el pauperismo, el desarraigo y el hambre. El productor pampeano que no puede competir con el capital más concentrado, con mucha frecuencia se convierte en rentista, e incluso en rentista acomodado. En otros casos, podrá transformarse en un pequeño propietario de ciudad. Su punto de partida siempre será sustancialmente distinto al del campesino, aun cuando no emplee mano de obra asalariada” [20].

… y los invisibles de la tierra

Un informe del médico catalán Bialet Massé, contratado a principios del siglo XX por el presidente Julio Argentino Roca para dar cuenta de la situación laboral en el campo, describía la condición del verdadero “productor” (¡no propietario!) rural de manera muy gráfica: “Aunque se dice que trabajan de sol a sol, es falso, porque se aprovecha la luna, el alba, para alargar la jornada. En total, el tiempo del peón no baja de 15 a 17 horas. Al concluir la temporada es un hombre completamente agotado”. Pues bien, cabe preguntarse cuánto ha cambiado la situación del proletario rural, figura social muy distinta del chacarero.

Más aún considerando que como resultado de las transformaciones operadas en la Pampa húmeda, “el chacarero se fue considerando cada vez más un empleador y no un trabajador; en el conflicto con el asalariado se objetivizó como capitalista, más allá de que continuara trabajando y de que ya antes contratara asalariados (…). Ahora, los productores medios se piensan y se expresan como empresarios, administradores de la explotación agropecuaria. Si bien dicen ‘hice’, ‘aré’ o ‘sembré’, en general casi todo el trabajo es realizado por asalariados (o por contratistas de servicios, en este caso con menor, o nula, capacidad para explotarlos) (…) Al mismo tiempo, su condición de propietario y, por tanto, de perceptor (explícita o implícitamente) de la renta del suelo favoreció las conductas rentistas, en el sentido de desentenderse total o parcialmente de los problemas de la producción. La percepción de una renta habría introducido (o quizás, reforzado) elementos de carácter receptivo que se habrían combinado con los rasgos explotadores”. [21]

Precisamente, la discusión abierta sobre las condiciones de explotación de los obreros rurales, reguladas hasta hoy por el decreto–ley 22.248 de la dictadura militar (que los excluye de la Ley de Contrato de Trabajo que rige al resto de los trabajadores del país), ha sido uno de los temas tabú del supuesto “paro” (en verdad, lock out patronal) del campo.

La penosa condición del peón rural ha sido una constante a lo largo de la historia argentina. No cabe más que recordar que entre las décadas de 1910 y 1930 miles de peones resultaron muertos y otros tantos heridos y presos por reclamar sus derechos. [22]

Un informe reciente detalla que, según organismos oficiales, hay “cerca de 1,3 millones de personas ocupadas en el campo. Los últimos datos reflejan que apenas un cuarto de ese total, alrededor de 325.000, tiene salarios en blanco. El promedio salarial de ese pequeño grupo de trabajadores no llega a los 1.500 pesos mensuales. Existen también 350.000 trabajadores “golondrina”, que desplazan su fuerza de trabajo según los períodos de cosecha. La mano de obra rural es la peor paga, la que enfrenta pésimas condiciones laborales y la más explotada. Sólo los desocupados están en peor situación. Ese vergonzoso panorama laboral se desarrolla en uno de los mejores períodos históricos de la actividad agropecuaria”. [23]

Respecto de la cuestión de la fuerza de trabajo asalariada en el campo argentino, hay una aguda desigualdad entre la zona pampeana y lo que no es zona núcleo, ya que los mayores contingentes de peones no parecen encontrarse en la Pampa húmeda. Aquí se da el efecto contradictorio del salto tecnológico y de la aguda mecanización de la producción, que a la vez hace que haya una minoría de asalariados con alta calificación (maquinistas de cosechadoras, mecánicos, pilotos de avionetas, niveladores de suelos, etc.) y una porción mayoritaria en las condiciones clásicas del peón. Aquí se verifica que el desarrollo tecnológico es fuertemente ahorrador de mano de obra. La cantidad de asalariados por establecimiento en la zona pampeana es pequeña. Del total de los 307.572 establecimientos censados en 2002, el 44% empleaba sólo trabajo familiar, el 18,3% utilizaba trabajo familiar con trabajadores transitorios; el 32,2% tenía asalariados permanentes, y quedaba un 5,3% sin discriminar. Además, de los que tenían asalariados permanentes, el 54,7% tenía uno solo; el 34,2% de 2 a 4; el 7,9% empleaba entre 5 y 9 trabajadores, y sólo el 3,2% empleaba 10 o más asalariados permanentes”.

Lo propio señala la socióloga Susana Aparicio: “Aunque el agro es referenciado en el discurso público como un motor fundamental de la economía y un importante generador de empleo, la realidad resulta ser bastante diferente. La ‘pampeanización sojera’ en gran parte del país desplaza a trabajadores de producciones tradicionales (no sólo a campesinos), y los ‘oasis’ modernos y dinámicos no reemplazan ni constituyen mercados estables de trabajo”. [24]

Claro que esto admite matices, entre ellos uno no menor que es que muchos patrones no declaran la mano de obra que tienen “en negro”. La Secretaría de Trabajo calcula que el 72% de los trabajadores rurales está en esa situación. Y el salario promedio en el campo es de 1100 pesos por mes, ¡un 57% por debajo del salario promedio de la economía! A lo que se suma, como ya observamos, el empleo temporal y golondrina.

El testimonio de un trabajador es altamente ilustrativo: “Trabajo se consigue, pero, ¿qué pasa? ‘Conseguís trabajo por un mes o un mes y medio. Si se siembra trigo, trabajás 45 días y después vienen seis meses en los que no tenés nada, hasta la otra siembra. ¿Cuánto pagan? Entre 50 y 70 pesos por día. Te subís al tractor y… a hacer hectáreas. Es un trabajo lindo, porque en pocos días podés hacer plata, en un mes podés ganar 1.800 o 2.000 pesos, y el que maneja una cosechadora mucho más, hasta seis mil. Pero en realidad, cuando mirás a largo plazo, estás perdiendo, porque tenés mucho tiempo inactivo’ (…) Las características del trabajo, la dispersión de los trabajadores, la posición de los contratistas como nuevos empleadores, ya sin un vínculo estable con el territorio, son factores que agravan el tradicionalmente bajo cumplimiento de los derechos laborales. El entrevistado cuenta que una vez que perdió la relación de dependencia y pasó a ser trabajador temporal, dejó de cobrar aguinaldo, salario familiar y aportes jubilatorios. En esa situación de debilidad, no es extraño que su último trabajo haya sido el de fumigador, una tarea que afecta la salud: ‘El trabajo de la pulverización implica mucho manejo de herbicidas, de pesticidas. Yo trabajé cinco años fumigando, sabia por el INTA que cada seis meses tenés que hacerte un chequeo, pero nunca lo tuve. Te usan un tiempo, y cuando te empezás a avivar de estas cosas, mayormente te descartan’. Describe los síntomas que tenía mientras se dedicaba a ese trabajo: ‘Mucho dolor de cabeza, picazón en el cuerpo, debajo de la piel, irritación en la vista, las manos te quedan como una lija, te pasan muchas cosas en el físico’ (…)”. [25]

Esta realidad estuvo guardada bajo siete llaves durante el “paro” agrario patronal, salvo cuando el inefable Alfredo De Angeli intentó justificarla diciendo que “si al productor ((es decir, al patrón)) le va mal, al peón no puede irle mejor”. Tal es la síntesis de la lógica social, por boca del más calificado y mediático portavoz del supuesto “paro”, de la no menos supuesta “rebelión popular”…

[1] Esta sección contó con la colaboración de Juan José Funes.

[2] R. Astarita, cit.

[3] Idem.

[4] La siembra directa es una innovación que prescinde de arar la tierra, mitigando la desertificación y la pérdida de fertilidad que ello ocasiona. La biotecnología es la alteración genética en las semillas para aumentar el rinde por hectárea y la resistencia a las plagas incorporando genes alterados inmunes a los agroquímicos; por ejemplo, la variedad RR, soja de Monsanto.

[5] Se necesitan 5 toneladas de soja para obtener 1 tn (7 barriles) de biodiesel, y 3 tn de maíz para 1 tn de etanol. Argentina exporta el 76% del biodiesel a EEUU y el 23% a la UE.

[6] De 13 millones de toneladas en 1995 a 48 millones de toneladas en 2007, con China como principal comprador.

[7] El ganado vacuno se calcula que ha bajado de 55 millones de cabezas a 35 millones. Los tambos de 40.000 a 10.000 unidades productivas.

[8] Hoy 1221.

[9] Alternativa Socialista, 16–4–08.

[10] Dicho por ellos mismos: “Creemos que el país debe definir a la pequeña y mediana burguesía agraria como un actor central, porque invierte y genera empleo” (Eduardo Buzzi, titular de la FAA, en Página 12, 21–7–08). Buzzi no defiende aquí a ningún “aliado” sino, sencillamente, al sector que él y su organización representan. Como se ve, no alcanza con que los propios protagonistas griten la verdad al oído del PCR y el MST para que éstos abandonen los esquemas que son la base de su práctica oportunista y sin criterios de clase.

[11] J. Balsa, cit., p. 220

[12] Eduardo de Córdoba, mimeo

[13] Eduardo de Córdoba, ídem.

[14] J. Balsa, cit., p. 219.

[15] La obra de este autor nos ha sorprendido por su solvencia y un manejo enriquecedor de las perspectivas marxista y weberiana. Cosa no habitual ni sencilla pero, hasta cierto punto, factible para casos particulares, siempre y cuando no se pierda la centralidad del ángulo materialista del análisis.

[16] J. Balsa, cit., pp. 264.

[17] “La base social de la protesta rural. Viudas e hijas de las retenciones K”, Marina Kabat, El Aromo 42.

[18] Enrique Martínez: “El conflicto agrario: mirada desde el INTI”.

[19] Entrevista a Alberto Lapolla, Página 12, 22–7–08.

[20] Rolando Astarita, “Renta de la tierra y capital”.

[21] Javier Balsa, ídem, p. 199.

[22] El famoso Estatuto del Peón de Juan Domingo Perón pareció un notable avance normativo, pero fue de casi nulo efecto en la práctica.

[23] Página 12, 26–03–08.

[24] Página 12, 21–07–08.

[25] “Ricas ganancias, pobres empleos”, Página 12, 21–07–08.

 4) “Marxistas” con el campo… enemigo

“Capital–ganancia (ganancia empresarial más interés), suelo–renta de la tierra, trabajo–salario: ésta es la fórmula trinitaria que comprende todos los misterios del proceso social de producción” (Karl Marx, El capital, Tomo III).

En esta conocida definición Marx deja sentado que todo el “misterio” del proceso social de la producción capitalista se reduce a que la fuente de todo valor es el trabajo humano. El sistema capitalista se basa en la explotación del trabajo humano no pagado de la clase obrera fuente de la plusvalía, que se puede descomponer en ganancia, interés y renta agraria.

Así las cosas, sólo esquemas anticientíficos y antimarxistas pueden postular un antagonismo social esencial entre propietarios de la tierra y productores capitalistas. Se trata sólo de disputas alrededor de cómo distribuirse entre ellos el trabajo no pagado de la clase obrera rural e, indirectamente, también urbana.

Es esta verdad elemental la que fue tirada por la borda tanto por el PCR (maoísta) como por el MST (que en su momento era parte del “trotskismo” más oportunista, y cuyo status político resulta hoy francamente problemático, porque existe algo llamado salto de cantidad en calidad…). Expondremos aquí por turno el lamentable curso político de ambas corrientes y sus justificaciones “teóricas”.

La estructura capitalista del agro argentino y los desvaríos del PCR

El lock out agrario abrió un agudo debate en las filas de la izquierda. Y, justo es reconocerlo, una de las corrientes argentinas que más ha elaborado acerca de este tópico, y que fue incondicional sostenedora del paro patronal, es el PCR (Partido Comunista Revolucionario, exponente del maoísmo).

El PCR sostiene la insólita teoría de que la flor y nata de la burguesía del campo argentino sería una clase oprimida y expoliada por propietarios terratenientes, lo que proseguiría una línea de continuidad con un supuesto pasado “precapitalista” que conservaría hasta hoy rasgos “feudales o semi–feudales”.

Como directa consecuencia, y dado que el campo argentino no sería plenamente capitalista (como opinamos los socialistas revolucionarios [1]), lo que estaría planteado es ir junto con la burguesía agraria en su “lucha contra la opresión terrateniente–feudal” llevando a adelante una revolución “democrático–popular, agraria y antiimperialista”. Sólo una vez consumada ésta se podría comenzar a hablar de revolución obrera y socialista propiamente dicha.

Dislates semejantes no se leen todos los días. ¿En qué país vive y milita el PCR? Está claro que no en la Argentina de la Pampa húmeda ultra capitalista.

Se sostiene que “en la actual etapa de nuestra revolución (…) las lacras principales a batir son la dependencia del país del imperialismo y el latifundio en el campo”. [2] Es una verdad elemental que hay que acabar con el carácter semicolonial del país y con el latifundio en el campo. Pero el PCR parece olvidar que el campo argentino (agricultura, ganadería, caza y silvicultura) no aporta más que el 7% del PBI del país, y que depende enteramente de la evolución de la economía urbana que es la que le provee los insumos para la producción (medios de producción y materias primas) y el resto de los insumos para su reproducción. [3]

Es decir, pretende soslayar que la burguesía del campo (terrateniente, propietaria–productora y arrendataria) hace parte, y no puede dejar de hacerlo, de la burguesía de conjunto que domina el país, imperialista y/o de origen nativo (aunque no “nacional”). Y que en todos los casos tiene como base material fundamental la explotación de la clase obrera rural y urbana, pero, en su abrumadora mayoría, urbana: de los 14 millones de asalariados, poco más de un millón trabajan en el campo.

Extraña revolución social la que tiene en mente el PCR, que pierde de vista todos los datos objetivos de la formación económico–social del país, y que no estaría obligada a enfrentar al grueso de la burguesía industrial, comercial, financiera y agraria, a la cual están unidos por mil y un vínculos los propietarios latifundistas.

Partiendo de semejante premisa, los errores (y horrores) se apilan uno tras otro. El campo argentino habría seguido un camino de desarrollo “prusiano”: “El llamado camino prusiano implica el injerto de relaciones de producción capitalistas sobre la base del mantenimiento del latifundio y de relaciones atrasadas (…). Por eso, en nuestro caso, (…) nos vamos a encontrar con aquello que decía Lenin en 1920 (…) de que subsisten todavía restos de explotación medieval, semifeudal, de los pequeños campesinos por los grandes terratenientes”. [4]

Hace falta un grado inusitado de autoenajenación política, teórica y fáctica para afirmar que en el campo argentino del siglo XXI (para no hablar de la Pampa húmeda) quedan “restos de explotación medieval, semifeudal” sobre la base de un pequeño campesinado. Esto es sencillamente un disparate por varias razones, no sólo actuales sino también históricas.

Actuales, porque la mayor parte de los pequeños y medianos productores de la zona núcleo no tienen nada de “campesinos explotados al estilo feudal”: al producir para el mercado y explotar mano de obra asalariada, son burguesía agraria pequeña y mediana, productora o rentista. Volveremos sobre esto.

Históricas, porque en Latinoamérica (hispánica y lusitana) nunca hubo feudalismo. [5] Lo que hubo fue una suerte de “capitalismo colonial” apoyado mayoritariamente en relaciones de producción salariales bastardas que, en realidad, más bien escondían relaciones de esclavitud de un tipo particular. [6]

Por otra parte, en el territorio colonial de la Argentina (Virreinato del Río de la Plata) nunca hubo vasta proporción de población originaria o de esclavos de color, a diferencia de otras regiones. Por eso, la estructura del campo argentino (una formación sui generis, como veremos enseguida), promediando el comienzo del siglo XX, tuvo en un polo a grandes terratenientes capitalistas de la tierra (no terratenientes “feudales”) y, en el otro, a pequeños chacareros no propietarios originados en la inmigración europea (pero no siervos de la gleba), que las más de las veces eran explotados vía arriendo o aparecería como unidad familiar por estos grandes propietarios capitalistas de la tierra. Al mismo tiempo, en este escenario se fue desarrollando un creciente proletariado agrícola.

Milcíades Peña sostenía al respecto que “el monopolio terrateniente de la tierra y la subordinación de la agricultura a las necesidades de la ganadería extensiva impidieron que los chacareros se asentasen como productores familiares propietarios de sus tierras, y que a través de la competencia se produjera la paulatina diferenciación entre una burguesía agraria y una masa creciente de proletarios y semi–proletarios rurales. Es decir, no se produjo lo que Lenin denominaba un desarrollo tipo americano de la agricultura. Por otra parte, tampoco se dio en la Argentina lo que Lenin denominara ‘desarrollo prusiano’, vale decir, la transformación de los terratenientes en capitalistas agrarios que explotan grandes haciendas empleando mano de obra asalariada. O, mejor dicho, este tipo de desarrollo se produjo en la ganadería. En la agricultura, en cambio, tuvo lugar un ‘desarrollo argentino’ consistente en impedir el acceso de los inmigrantes a la propiedad de la tierra y en explotarlos no como asalariados, sino como productores familiares (arrendatarios, medieros, apareceros, etc.)”. [7]

En un sentido similar se había pronunciado en la década del 30 –es decir, antes que Peña– el especialista en el campo y socialista revolucionario José Boglich: “Boglich defenderá con énfasis (…) la tesis del carácter capitalista del campo argentino, extensivo a la formación social argentina en su conjunto. Se trata, para el autor de ‘La cuestión agraria’, de un país capitalista agrario atrasado y semicolonial. Él equivoco de entender el atraso como ‘resabios feudales en el campo’, sostiene, proviene del ‘error inveterado de suponer a nuestra clase campesina y a nuestra economía agropecuaria en un plano de igualdad con la de los viejos países agrícolas’. El campesinado ‘independiente’ o semiproletario del viejo mundo proviene de la sociedad feudal, del siervo de la gleba, ‘mientras que el agricultor argentino surge sobre la base del capitalismo colonizador, que le imprime modalidades peculiares y crea paralelamente a él un proletariado agrícola puro’. Allá ese campesinado es autóctono, aquí llega con el aluvión inmigratorio”. [8]

En síntesis, no hubo vía prusiana o, como la conceptualizó Lenin, “vía junker”, en la que los terratenientes de origen feudal asumían también el papel de capitalistas, pero estableciendo un nuevo tipo de obligaciones sobre la población rural, sujetándolos nuevamente a la tierra a través de formas atrasadas de tenencia. Menos aún hubo vía americana o farmer, que caracterizó el desarrollo agrario del norte de los Estados Unidos, con pequeños propietarios que laboran sobre reducidas unidades de producción para el mercado (razón por la cual tampoco son campesinos clásicos), usando poca o nula fuerza de trabajo asalariada a su cargo. En el caso argentino, los chacareros, característicamente, carecían de propiedad y eran explotados como unidades familiares por los terratenientes–capitalistas. Pero cuando finalmente accedieron a la propiedad, como en las últimas dos o tres décadas… dejaron de ser chacareros.

El específico y sui generis “desarrollo argentino” de la agricultura mostró que entre los “chacareros” se fue produciendo una creciente diferenciación social. Y de ésta deviene la aparición a partir de las últimas décadas del siglo XX de una vía de desarrollo más “clásica”, aunque en el marco de la mundialización capitalista: rentistas grandes y pequeños; surgimiento de figuras capitalistas hoy arquetípicas en la producción agraria como los pools de siembra y los contratistas capitalistas de servicios, y un sector donde se consolida la relación salarial.

Según el especialista Javier Balsa: “La perspectiva pareciera ser que, de no mediar modificaciones, se avanzará lenta pero fatalmente hacia un agro cada vez más capitalista: grandes arrendatarios capitalistas y/o productores mediano–grandes, que combinan una parte en propiedad con otra en alquiler; pequeños y medianos rentistas, y predominio de la mano de obra asalariada (algunos con altos niveles de capacitación). Esta tendencia será inexorable en la medida que se pierdan las características familiares de las unidades de producción. El resultado es la expansión de un modelo ‘inglés’ de agro capitalista”. [9]

Más allá de las denominaciones, es un hecho que en nuestro país el campo ha sido, desde el siglo XIX por lo menos, capitalista, y tenía por objetivo principal la producción para el mercado mundial y la realización de una sideral renta agraria diferencial en él. Y aunque el campo capitalista fuera inicialmente parte de un capitalismo colonial, estuvo en las antípodas de cualquier “feudalismo”, caracterización que sirvió siempre de coartada para las capitulaciones del estalinismo en nuestra región. Y es por eso que el PCR sigue defendiendo la fábula del “campo feudal” hasta el día de hoy, contra toda la evidencia empírica. Claro que a estas alturas más que de fábula debiéramos hablar de un escandaloso atajo “teórico” para sostener un sector social ultra reaccionario.

¿Propietarios “explotadores” vs. capitalistas “explotados”?

Es a partir de una completa incomprensión –histórica, teórica y actual– del carácter del campo argentino que el PCR desliza una “pintura” de las relaciones sociales implicadas en la producción agropecuaria de la Pampa húmeda totalmente irreal.

“(…) Se ha producido el importante avance del capitalismo en el agro pampeano que se observa particularmente en la última década (…), con un reforzamiento del latifundio y un extraordinario aumento de la renta, que se manifiesta en el aumento del precio de la tierra (renta capitalizada) sólo interrumpido entre 1999 y 2002 por la caída de los precios internacionales de los granos. La subordinación del capital agrario constante y variable –invertido fundamentalmente por los contratistas– al poder del latifundio, ejercido directamente por los grandes terratenientes o por los operadores de fondos, ha hecho que lo fundamental de las ganancias extraordinarias o plusganancias –asociadas al salto tecnológico producido y a la incorporación de nuevas tierras de peor calidad gracias a la soja– no hayan podido ser retenidas por los capitalistas agrarios sino que hayan sido apropiadas por los detentadores del poder de la tierra a través del previo control de esta en grandes extensiones” [10].

Aquí hay varios problemas. Uno no menor es que no se sepa en virtud de qué criterio los grandes propietarios–productores y pools de siembra que actualmente dominan parte importantísima de la producción del campo argentino no serían capitalistas de pleno derecho que se apropian de porciones tanto de renta como de ganancias.

“Los pools constituyen sociedades de inversores –pueden adoptar la forma de fondos de inversión o fideicomisos– que tienen como objetivo valorizarse aumentando la escala productiva. En los últimos años crecieron mucho en la Argentina; se calcula que habría unos 2700, que controlarían entre el 7% y el 10% de la tierra cultivada. Típicamente contrata ingenieros, veterinarios y otros asesores para el alquiler de campos y su explotación; toman seguros para cubrirse frente a contingencias climáticas; pagan los servicios de siembra y cosecha a contratistas; y termina la operación comercializando el producto y retornando el capital invertido, mas el rendimiento, a los inversores. Muchos se han formado con capitales de ciudades del interior y manejan entre 5000 y 20.000 hectáreas. Un pool de siembra que trabaja 20.000 hectáreas estaría facturando, en 2008, unos 15 millones de dólares, con un rendimiento promedio del 10% al 15% anual, en condiciones normales. Otros, en cambio, operan decenas de miles de hectáreas. A veces son empresas constituidas de manera permanente. Un caso representativo en la Argentina es el grupo Los Grobo, que opera (2008) 150.000 hectáreas, de las cuales el 90%, aproximadamente, son arrendados. Grobo financia rutinariamente casi toda su operatoria con fideicomisos. En este aspecto es una empresa capitalista típica, en el sentido de la división de clases en el campo ‘a lo Marx’, o sea, donde predomina el capitalista arrendatario, y utiliza un método de financiamiento distinto del bancario o mercado accionario” [11].

Yendo mas lejos, en una Pampa húmeda dominada por familias tradicionales propietarias–productoras; pools de siembra; arrendatarios y proveedores de servicios capitalistas de diversos tipos; empresas multinacionales proveedoras de semillas, fertilizantes y herbicidas; acopiadoras de granos y aceiteras; si no se trata de propietarios y productores capitalistas, ¿qué es lo que podrían socialmente ser? Porque reducir la “burguesía agraria” sólo a los “contratistas” a lo más que se parece es a un operativo espurio para que la realidad entre en el retorcido esquema del PCR.

Porque todo apunta a confirmar que se produjo una profundización y extensión de las relaciones capitalistas en el agro. En particular, la producción en la zona pampeana y obedece plenamente a la lógica de la ganancia. Esto explica el crecimiento de grupos capitalistas como Los Grobo, Adecoagro, Cresud, El Tejar, MSU, Cazenave, Olmedo Agropecuaria, United Agro. También entraron en el negocio agrario argentino grandes transnacionales proveedoras de insumos. Entre ellos, Monsanto, las empresas proveedoras de semillas, como Nidera, las que proveen pesticidas, como Bayer y Sygenta; y las que se dedican al procesamiento y / o comercialización, como Cargill, Bunge, Dreyfus o ADM. Crecientemente se borran los límites entre lo agrario, industrial, financiero y comercial. Grandes grupos empresarios que arriendan tierras, operan con criterios plenamente capitalistas”.

Además, entre los “contratistas” (proveedores de servicios para las distintas etapas de la producción agrícola), los hay que tienen en sus manos una gran acumulación de capital fijo bajo la forma de sembradoras, cosechadoras, etc. (burgueses con todas las letras) y también lo que poseen una o dos máquinas y las operan familiarmente alquilando el servicio. Los que, en todo caso, hacen parte de una burguesía pequeña que se basa en sus propios medios de producción.

Con un análisis como el que estamos desarrollando, se cae todo este insulso y ridículo esquema de “terratenientes ‘feudales’ que explotarían a los capitalistas agrarios”…

“¿De qué sectores sociales vienen los contratistas? Los hay de dos tipos: productores que tienen campos y compraron maquinarias que les sobran para trabajar su campo, y entonces se dedican a sembrar otros. Y gente que compró maquinaria y se dedica a hacer servicios a terceros. No son antiguos peones, ni pequeños productores, sino nuevas figuras que antes no existían. ¡Una máquina sembradora está en los 100.000 dólares! Son maquinarias que en productor chico no podría ni le conviene tener, y que para una persona que trabajo toda la vida como peón son inalcanzables” [12].

Sin embargo, el PCR cree encontrar un argumento a su favor cuando diferencia a “un productor e incluso un terrateniente convertido en verdadero ‘fabricante’ (que produce invirtiendo en equipos y en la contratación de obreros) y otra el terrateniente o sociedad de inversión que por su disposición de la tierra o el dinero concentra lo producido por otros” [13].

Sin embargo, científicamente, solo a esto se reduce el argumento anterior: Marx, en El Capital, en los capítulos destinados a la renta agraria, desde él vamos diferenciaba la posición “activa” que todavía tenia (mediados del siglo XIX) el capitalista industrial en la producción (relación que, como todos sabemos, se ha hecho cada vez más parasitaria por la vía de las sociedades por acciones y de los instrumentos de las finanzas), respecto del rol “pasivo” del terrateniente que hacia valer, a la hora de la valorización de sus tierras, la mera propiedad de las mismas.

“El capitalista es aun un agente que opera de manera activa y personal en el desarrollo de este plusvalor y de este plusproducto. En cambio, el terrateniente solo tiene que atrapar la participación en el plusproducto y en el plusvalor, parte que se acrecienta sin su intervención. Esto es lo peculiar de su situación. Pero puesto que esto ocurre sin su intervención, en su caso resulta algo especifico el hecho de que la masa de valor, la masa de plusvalor y la transformación de una parte de ese plusvalor en renta del suelo dependan del proceso social de producción, del desarrollo de la producción de mercancías en general” [14].

Como se ve, la anterior no es una distinción esencial desde el punto de vista de clase. Porque lo que caracteriza a todo capitalista (propietario pasivo o “productor” activo) no es cuan parasitario sea con relación a su papel en la producción, sino el hecho de que todos viven de explotar el trabajo ajeno; sea el plustrabajo obtenido por la vía directa de la producción –capitalista agrario– o por la “indirecta” de la intercepción de renta agraria como propietario. Esto es lo que une en un sólido bloque esencial a propietarios agrarios e ‘industriales’ agrarios –todos a estas alturas históricas capitalistas– contra la clase obrera, sea urbana o rural!

“En el caso del fideicomiso el prestamista cede el dinero para que se lo emplee como capital agrario. Por lo tanto, es acreedor a una porción de la plusvalía, en tanto el dinero encarna la propiedad privada de los medios de producción: tiene derecho a quedarse con una parte del valor generado por el trabajo impago, como sucede con cualquier otro capital dinerario. A su vez, el empresario que dirige la explotación recibe su porción en la explotación en tanto encarna el capital en funciones. Es esa división de los capitalistas en capitalistas dinerarios y capitalistas en funciones la que genera la división de la plusvalía en ‘ganancia empresaria’ e ‘interés’. Si en lugar de un fideicomiso, el crédito lo hubiera entregado un banco, no cambia la esencia de la cuestión; solo que en este caso el interés se dividiría entre una parte que va al propietario del deposito bancario, y otra parte corresponde al banco en calidad de ganancia del capital mercantil” [15].

En síntesis: la interpretación que plantea el conflicto agrario argentino en términos de un enfrentamiento entre el capital financiero –los pools– con el capital agrario productivo (“los contratistas” en palabras del PCR), no advierte que el mismo pool contiene en su seno al capitalista dinerario y al capitalista productivo. Por otra parte, la plusvalía que recibe el capitalista emprendedor también aparece bajo una forma fetichizada, esto es, no como resultado de un trabajo impago, sino como “el fruto de su trabajo”; por eso esta plusvalía es considerada un “salario” debido a su función de director del proceso productivo. Esta circunstancia es la que hace que los capitalistas en funciones muchas veces se presentan como “victimas oprimidas” –a la par de sus obreros asalariados– por el capital financiero. Esquema que es el que –ni mas ni menos– reproduce a pie juntillas el PCR.

¿Una relación económica no capitalista?

A los problemas fácticos y políticos se le agregan los anacronismos teóricos que le sirven de fundamento. Porque el PCR aborda de manera equivocada el problema de las fuentes de la renta agraria [16].

Se quejan de aquellos que hablamos de “capitalismo agrario” y no de lo que, según ellos, seria correcto: “del capitalismo en el agro borrando lo específico de la producción en el campo, que es que para poder concretarse necesita de la tierra (se entiende qué, precisamente, los capitalistas agrarios, por culpa de los terratenientes, carecerían de tierra para poder desarrollar sus negocios, L.P.)” [17].

Como remate a esta idea agregan: “así nos encontramos ante una situación en que, predominando las relaciones capitalistas de producción, lo que rige en lo fundamental la producción agrícola (como ocurre también en la minería) es la búsqueda de una ganancia extraordinaria por los monopolizadores de la tierra subordinando a esa búsqueda al capital agrario y su búsqueda de la ganancia normal” [18].

Pero aquí se confunde todo. El PCR parece olvidar que la renta agraria es, ni más ni menos, que la forma de valorización de la propiedad de la tierra bajo el capitalismo. Es decir, se trata de una relación económico–social plenamente capitalista independientemente del hecho que, efectivamente, el “productor” capitalista le paga una renta al propietario en concepto de uso de su tierra, renta que –en principio– se destina a fines puramente parasitarios que restan a la acumulación del capital. O que, en el caso de ser él mismo el dueño de la tierra, se pague la renta a sí mismo, “auto–explotándose” (en términos del PCR).

Porque al PCR, lo que parece escapársele, es el origen tanto de la renta agraria extraordinaria como de la ganancia normal que se obtienen en la producción capitalista en el campo. Como es sabido, el origen es uno y solo uno: el trabajo no pagado del asalariado del campo. Como dice Marx: “En el modo capitalista de producción el supuesto es el siguiente: los verdaderos agricultores son asalariados, ocupados por un capitalista, el arrendatario, que solo se dedica a la agricultura en cuanto campo de explotación particular del capital, como inversión de su capital en una esfera peculiar de la producción. Este arrendatario–capitalista le abona al terrateniente, al propietario de la tierra que explota, en fechas determinadas (…) una suma de dinero fijada por contrato (exactamente de la misma manera que el prestatario de capital dinerario abona un interés determinado) a cambio del permiso para emplear su capital en este campo de la producción particular. Esta suma de dinero se denomina renta de la tierra, sin que importe si se la abona por tierra cultivable, terreno para construcciones, minas, pesquerías, bosques, etc. Se la abona por todo el tiempo durante el cual el terrateniente ha prestado por contrato el suelo al arrendatario, durante el cual lo ha alquilado. Por lo tanto, en este caso la renta del suelo es la forma en la cual se realiza económicamente la propiedad de la tierra, la forma en la cual se valoriza” [19].

Que en este marco, estas dos fracciones componentes de la burguesía (productores–agrarios–capitalistas y propietarios–terratenientes–capitalistas–de la tierra) puedan disputarse –y de hecho lo hacen– en un más o en un menos (vía transferencias de valor en el mercado) el reparto de la renta agraria y / o de porciones de la ganancia “normal”. O mismo si lo hacen con su propio gobierno burgués (como ocurrió durante el conflicto con el “campo”), en nada menoscaba que la relación de renta agraria es una relación plenamente capitalista. Es decir, una relación supuesta por el capitalismo y que solo podrá ser liquidada expropiando a los propietarios agrarios y productores capitalistas como un todo por una revolución socialista!

Esto ultimo es lo que señalaba Marx: “La forma de propiedad de la tierra que consideramos es una forma específicamente histórica de la misma, la forma trasmutada, por influencia del capital y del modo capitalista de producción, tanto de la propiedad feudal de la tierra como de la agricultura pequeño campesina” [20]. Y agregaba: “(…) el monopolio de la propiedad de la tierra es una premisa histórica, y sigue siendo el fundamento permanente del modo capitalista de producción (…). Pero la forma en la que el incipiente modo capitalista de producción encuentra a la propiedad de la tierra no se corresponde con él. Solo el mismo crea la forma correspondiente a sí mismo mediante la subordinación de la agricultura al capital; de esa manera, también la propiedad feudal de la tierra (…) se transmuta en la forma económica correspondiente a este modo de producción, por muy diversas que sean sus formas jurídicas” [21].

En definitiva, lo que nos esta diciendo Marx, es que los monopolizadores de la tierra hacen lo propio sobre una forma de propiedad que ha sido transmutada en uno de los fundamentos del modo capitalista de producción: ¡la propiedad privada de la tierra! Pero en el caso de la Pampa húmeda, la realidad es que “el desplazamiento de mano de obra a raíz de la mecanización en el agro, y el aumento de la inversión por obrero, da como resultado el aumento de la composición orgánica del capital. Lo cual implica que la renta absoluta tiende a desaparecer. Además, si bien la renta diferencial I constituye la base de la renta agraria, la renta diferencial II adquiere importancia creciente. Estos cambios constituyen expresiones del desarrollo capitalista. Esta idea se opone a la tesis –defendida por el PCR, véase Gastiazoro (1999)– de que la renta absoluta tiene un gran peso en la actualidad en la Argentina”.

Elemento que, claro esta, no debe ser visto como contradictorio con el hecho cierto de la elevación del precio de las tierras (y la renta de las mismas) como subproducto del sideral aumento de las commodities en el mercado mundial; ni con la necesidad –absoluta e imperiosa– de expropiar a los grandes propietarios!

En síntesis: lo que ha ocurrido en los últimos años en la Pampa húmeda demuestra que hoy la propiedad de la tierra no impide el desarrollo capitalista en el agro incluso porque es masiva la superposición de las figuras de propietario y productor capitalista en la misma persona sea física o jurídica!

La fábula, que nos quiere hacer creer el PCR, con sus teorizaciones acerca de que la “gran propiedad terrateniente de origen feudal” obstaculizaría el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas en el campo argentino, simplemente no pasa la prueba de los hechos. Esto, independientemente del hecho que la gran propiedad agraria es uno de los supuestos de la argentina capitalista semicolonial que hay que liquidar.

Un fantástico mundo donde los capitalistas generarían plusvalía

Pero a pesar de todo el PCR sigue a la carga. Como ya hemos puntualizado y contra toda evidencia, creen encontrar en los “pooles de siembra” un aliado para sus concepciones. Señalan: “El problema es de dónde y cómo surge la ganancia de los fondos de inversión en el campo (…). No surge del alquiler de la tierra, ni de la administración, sino de la producción misma que es realizada por los contratistas y sus obreros. El pool paga el arriendo de la tierra y paga a los contratistas para que realicen las tareas de siembra y fertilización, fumigaciones y cosecha (…). Pero no es en esta relación donde se produce la plusvalía. La plusvalía surge de la realización de esas tareas sobre el campo, del trabajo del contratista y sus obreros en la siembra y la fertilización, fumigaciones y cosecha (aquí, el maquinista generalmente a porcentaje). El precio que cobra el contratista por su ‘servicio’, en condiciones normales del capitalismo, tiene que cubrir la amortización de su capital constante fijo (maquinarias y equipos), el capital constante circulante que necesitan para que funcionen (combustible, mantenimiento, etc), el salario de los obreros que las hacen funcionar, y su ganancia. Ese valor que pone el contratista en el trabajo con sus obreros sobre la tierra (…), más todo el mayor valor creado por ese trabajo que supere el equivalente de la ganancia del contratista, queda en la tierra y va a ser apropiado por el fondo al apropiarse de la cosecha. Aunque el fondo tenga mejores condiciones de comercialización, no significa que su ganancia surja de eso sino de que tiene mayores posibilidades que el productor aislado de quedarse con una mayor parte de la plusvalía agraria, que sino es apropiada por los monopolios de la comercialización (…). Es el dominio de esas condiciones lo que procuran los operadores de fondos; de ahí que lo principal de su ‘inversión’ sea en el alquiler de tierras y la organización de su producción (administración), que es lo que les permite quedarse con el producto y, junto con él, con todo el ‘excedente’ de mayor valor creado en la producción” [22].

Pedimos perdón por esta larguísima cita. Pero es importante para desmenuzar el tipo de análisis del PCR. Porque lo que acá se está diciendo es que no solo el obrero es explotado en el trabajo agrario… sino también el contratista–burgués agrario! Se trata simplemente de esto lo argumenta el PCR.

Pero lo que ocurre es algo completamente diferente. Pasa que bajo las relaciones de producción capitalistas (sea en la industria o en el campo, esto es indistinto), tanto la ganancia normal, como la renta agraria (llamada también plus–ganancia) y el salario, surgen del trabajo del obrero. Es decir, no hay, no puede haber tal “producción” realizada conjuntamente por el “contratista y el obrero”, como si el contratista burgués fuera capaz de crear valor!

Por el contrario, como dejo clásicamente establecido Marx, en términos de la economía capitalista, el único que crea valor y trabaja (trabajo en el sentido específicamente capitalista del termino, de creación de valor y plustrabajo no pagado) es el obrero. Si esto no fuera así, nos internaríamos en un fantástico mundo donde los capitalistas no solo serian una clase explotadora… sino también explotados ellos mismos!

Desmintiendo esta visión, digamos que: “También los contratistas participaron del paro. Hay contratistas de todos los tamaños. Centralmente se dividen entre ‘contratistas productores’ y ‘contratistas puros’. Esto últimos son los mas grandes, trabajan para los pools de siembra, en general toman actividades para superficies superiores a las 2000 hectáreas (…). Los ‘contratistas productores’ se encargan de las superficies menores, como actividad complementaria al manejo de su propia explotación. Las empresas contratistas también se basan en el trabajo asalariado” [23].

La verdad, entonces, es muy distinta: el trabajador con su trabajo produce una parte que le es retribuida (el valor de su fuerza de trabajo) y otra parte que no le es pagada: el plustrabajo. Plusvalor que en el caso de la propiedad agraria tiene dos componentes: la que hace a la ganancia “normal” del capitalista agrario (pool y contratista) y un componente llamado plusganancia que es la fuente de la renta agraria. Es precisamente de este último componente de la plusvalía que surge la renta propiamente dicha y que va al propietario del suelo.

Como decíamos, esta claro esta que también es desde allí (del trabajo no pagado) que va a surgir la ganancia que va a parar al productor capitalista. En nada modifica esto que parte de esa ganancia pueda repartirse entre el propietario del suelo, el pool de siembra capitalista y el contratista capitalista según relaciones de fuerzas determinadas por una variedad de factores: desde las dimensiones de la propiedad de la tierra sobre las que se trabaja; pasando por la capacidad de las acopiadoras de apropiarse de renta y / o ganancia vía la monopolización de la comercialización de la producción en gran escala; hasta la importancia de los medios de producción y fuerza de trabajo que se pongan en acción.

En definitiva, son todos patrones que dependen de la explotación del trabajo de los peones rurales, independientemente de cómo se distribuyan luego entre ellos en el mercado el trabajo no pagado de los mismos.

La incomprensión de la renta diferencial [24]

Continuando con lo que venimos señalando, digamos que lo que confunde al PCR son los criterios bajo los cuales se reparte –entre el propietario–terrateniente–capitalista y el productor–arrendatario–capitalista (pool o no), el plustrabajo generado por el obrero agrícola.

Porque si la fuente de sus ingresos es la misma, el trabajo no pagado del obrero, las razones por las cuales pueden hacer “exigible” ese trabajo no pagado varían. Como en la industria, el productor capitalista hace valer su monopolio sobre los medios de producción con los cuales se realiza la producción en el campo. Por su parte, el propietario agrícola, lo que hace valer, es la propiedad sobre el medio de producción y / o fuerza productiva natural del trabajo que es la tierra para apropiarse plustrabajo.

Es decir, busca capitalizar la parte del planeta que es monopolizada por él, sin la cual, evidentemente, en ausencia de la misma, no podría haber producción agrícola. Marx dice que por intermedio de esta propiedad el terrateniente logra “interceptar” parte de la plusvalía generada en el trabajo agrario: “En la misma medida en que, con la producción capitalista, se desarrolla la producción de mercancías, y por consiguiente la producción de valor, se desarrolla la producción de plusvalor y plusproducto. Pero en la misma medida que se desarrolla esta ultima, se desarrolla la capacidad de la propiedad de la tierra de interceptar una parte creciente de ese plusvalor, por medio de su monopolio de la tierra, y por consiguiente acrecentar el valor de su renta y el propio precio de la tierra” [25].

Pero hay algo más. Esta el hecho que el propietario capitalista de la tierra puede serlo de una de fertilidad “extraordinaria”; es decir, muy productiva con relación a la fertilidad de la tierra más “pobre” puesta en producción en el orden mundial. Como es sabido, esto ultimo ha sido, históricamente, el caso de la pampa húmeda en la Argentina.

Es a este componente “plus” de la renta agraria a la que se llama renta diferencial de la tierra. Renta diferencial que se obtiene por la diferencia entre el precio de producción (costos de producción mas la ganancia media) individual de una unidad de producto de una tierra más fértil respecto del precio de mercado de la tierra menos productiva puesta en producción en el mercado mundial. Tierra menos productiva que, sin embargo, encuentra demanda para colocar sus productos en el mercado transformándose, de esta manera, en la reguladora del precio de mercado.

Porque la producción agraria, a diferencia de la industrial, en la medida que haya demanda suficiente, tiende a regularse no por un precio configurado como promedio de la rama. Menos que menos por el obtenido en las tierras de mayor fertilidad. Por el contrario, el precio regulador de mercado de los productos agrícolas se configura por los productos obtenidos en las peores condiciones, donde los costos son mayores.

Pero sí el precio de producción individual esta por debajo del precio de mercado (configurado por las tierras puestas en producción en las peores condiciones), lo que surge es una renta diferencial, un falso valor social que implica una transferencia de trabajo no pagado que se opera en el mercado hacia las tierras más fértiles.

“Desde el punto de vista del conjunto del capital de la sociedad, la renta diferencial constituye un ‘falso valor social’, ya que la misma no encierra contenido alguno de trabajo socialmente necesario gastado privadamente para producir mercancías agrarias. Pero debe pagarla a los terratenientes con la parte del valor social realmente producido por el trabajo que el conjunto de los obreros productivos ejecuta por encima del requerido para su propia reproducción como fuerza de trabajo para el capital. Esto es, el capital total de la sociedad debe pagar el falso valor social constituido por la renta diferencial a expensas del valor real extraído gratuitamente a sus obreros, o sea, a expensas de su plusvalía. Se trata, por lo tanto, de una apropiación de plusvalía por los terratenientes que resta a la potencia inmediata del capital total de la sociedad para acumularse. De ahí la potencia que tiene este, como sujeto concreto del proceso de producción y consumo sociales, para avanzar en la recuperación de la porción de plusvalía en cuestión que ha escapado de sus manos. Este avance tiene un límite específico en cuanto se manifiesta como la abolición de la propiedad privada del terrateniente sobre un medio de producción como es la tierra, límite que el capital total de la sociedad sólo puede superar a condición de avanzar por sobre su propia propiedad privada” [26].

La cosa es que la renta diferencial así obtenida, pasa entonces a engrosar lo que se da en llamar una plus–ganancia. Es decir, una ganancia por encima de la ganancia normal y que reclama “naturalmente” el propietario de la tierra en su calidad de dueño de estas tierras tan fértiles.

Dice Marx “En la agricultura, por el contrario, es el precio del producto obtenido mediante el empleo de la mayor cantidad de trabajo el que determina el precio de todos los productos de la misma especie. En primer lugar, en la agricultura, no se puede multiplicar a voluntad, como en la industria, los instrumentos de producción del mismo grado de productividad, es decir, los terrenos de idéntica fecundidad. Además, a medida que la población aumenta, se ponen en explotación tierras de calidad inferior o se hacen nuevas inversiones de capital en los mismos terrenos, proporcionalmente menos productivas que las primeras inversiones. En uno y otro caso se hace uso de una mayor cantidad de trabajo para obtener un producto proporcionalmente menor. Como las necesidades de la población han hecho preciso este aumento de trabajo, el producto de un terreno de explotación más costosa encuentra indefectiblemente mercado, lo mismo que un terreno de explotación más barata. Y como la competencia nivela los precios de mercado, los productos del mejor terreno serán vendidos tan caros como los del terreno de calidad inferior. Este remanente que queda después de deducir del precio de los productos del mejor terreno el costo de su producción es el que constituye la renta” [27].

Repetimos entonces. El propietario de la tierra hace valer “capitalistamente” a la misma como condición material excluyente para la producción agrícola. Y por ella cobra un alquiler, tal cual señalaba Marx como el prestatario de un dinero debe pagar un interés por el uso del mismo.

Pero en el caso que la tierra en alquiler se trate de una muy “productiva”, tierra que de suyo genera renta diferencial, no es que el terrateniente “explote” al productor capitalista por exigirle la entrega de esta plusganancia (al que se explota, claro esta, es al obrero rural o, en todo caso, a la clase obrera en el orden mundial en su conjunto vía renta diferencial) como dice el PCR, sino que exige el retorno de una renta diferencial a sus bolsillos, renta extraordinaria que le “corresponde” en calidad de propietario de la tierra.

Otro cantar es el hecho que esta relación es enteramente parasitaria porque le permite embolsarse algo que no le cuesta nada y que viene de la superior productividad natural de las tierras de las cuales es propietario; razón demás por la cual, un verdadero programa socialista revolucionario para el campo argentino, debe ser la lisa y llana expropiación de la tierra de todos los capitalistas del campo sean propietarios o “productores”, lo mismo da.

Es decir, usufructúa una fuerza productiva natural del trabajo incrementada que redunda en un tremendo abaratamiento del precio de producción de los productos obtenidos en estas tierras privilegiadas con relación al precio regulador de estos mismos productos obtenidos en las tierras menos fértiles en el mercado nacional y / o mundial.

Hay que repetir que habiendo demanda suficiente, los precios de los productos de la tierra se comercian en el mercado no al valor del mas barato sino de los mas caros; es decir, los que tienen mas trabajo incorporado. Esto en razón que la producción agrícola (como la minera y la hidrocarburifera) se apoyan en un recurso monopolizable y materialmente limitado como es la tierra, o en recursos naturales no renovables como el petróleo o el gas.

Al respecto dice Marx: “El aumento de la fuerza productiva natural del trabajo (…) no emana del capital ni del propio trabajo, sino del mero empleo de una fuerza natural diferente del capital y del trabajo, pero incorporada al capital. Emana de la mayor fuerza productiva natural del trabajo vinculada a la utilización de una fuerza natural, pero no de una fuerza natural que este a disposición de cualquier capital (…). Emana, por el contrario, de una fuerza natural monopolizable que (…) solo se halla a disposición de quienes dispongan de determinadas porciones del planeta y su anexos (…). La plusganancia (…) no emana por ello del capital, sino del empleo de una fuerza monopolizable y monopolizada por parte del capital” [28].

Y agrega respecto de esta improductiva transferencia de trabajo no pagado que se opera en el mercado en los casos de la renta diferencial: “Lo que la sociedad, considerada como consumidor, paga de mas por los productos agrícolas, lo que constituye un déficit en la realización de su tiempo de trabajo en producción agraria, constituye ahora el superávit para una parte de la sociedad, los terratenientes” [29].

Una vez clarificadas las fuentes de la renta y la renta diferencial, hay un aspecto subordinado. Este tiene que ver con la capacidad relativa de interceptación de renta y las transferencias de valor y plusvalor entre los distintos actores propietarios y productores capitalistas en el campo, que solo pueden entenderse a partir de los “principios” que acaban de ser enunciados.

En esto se pretende apoyar el PCR para confundir todo en lo que hace a las relaciones de clase fundamentales. Es que en la producción agrícola (como en la producción en general, que supone la competencia de distintos capitales), hay relaciones de fuerza relativas por las cuales el trabajo no pagado generado por el peón y / o el asalariado del campo se reparte en cantidades relativas al “poder” (que traducido en conceptos económicos es monopolio–propiedad o composición orgánica del capital) de cada sujeto capitalista que intervine en el negocio agrario.

No es lo mismo si se trata de un gran propietario agrario que pone en arriendo sus tierras que si se trata de uno pequeño: la capacidad del primero de hacer exigible toda la renta sé vera reforzada. Tampoco da igual si se trata de un contratista capitalista de inmensa magnitud (como los pooles de siembra que desvelan al PCR) sino de uno pequeño que todavía se basa en el trabajo familiar con uno o dos asalariados. El primero tendrá obviamente mas capacidad de apropiarse de toda la plusvalía generada en su producción; no solo la ganancia, sino incluso porciones de la misma renta agraria, cosa que el segundo muy probablemente no.

Precisamente, estas relaciones de fuerza relativas (dependientes del tamaño de su propiedad y/o de la composición orgánica de cada capital puesto en producción) entre los distintos actores capitalistas que operan en el negocio del campo son las que terminaran dirimiendo la distribución del trabajo no pagado del trabajador. Así, los proveedores de semillas y agroquímicos juegan un rol preponderante en la cadena de la producción agrícola; y gracias a esto se pueden apropiar de una proporción importante de la renta generada. Lo mismo ocurre con las cerealeras que concentran la compra y exportación de los granos a gran escala. Y ni hablar de aquel pool que toma en arriendo una enorme cantidad de superficie.

“El proceso social de trabajo resulta en una masa dada de mercancías con valores dados; en la circulación tales mercancías adquieren expresión monetaria especifica bajo la forma de los precios. Pero es obvio que en el intercambio, los precios en dinero no pueden mas que llevar a cabo la distribución del producto social entre los individuos comprometidos; no pueden por si mismos cambiar la masa de valores de uso distribuidos. En tal sentido, tampoco pueden cambiar la masa de valor ni de plusvalía representada por esas mercancías. De lo anterior se deriva que diferentes relaciones posibles de intercambio entre productores de una masa dada de mercancías solo contemplan diferentes distribuciones posibles de la masa total de valor y de plusvalor contenidas en tales mercancías. Debido a eso, justamente, Marx sostiene que las desviaciones precio–valor no pueden por si mismas alterar las sumas de valores y plusvalía incluida: ‘No es necesario detenerse a explicar aquí que cuando una mercancía se vende por encima o por debajo de su valor hay solo una distribución diferente de la plusvalía, sin que este cambio, en cuanto a la distribución de las distintas proporciones en que diversas personas se reparten la plusvalía, altere en lo mas mínimo ni la magnitud ni la naturaleza de esta” [30].

Como enseña Marx, hay que ser claros entonces: las relaciones de fuerzas relativas en el mercado, en nada atañen a la naturaleza de la producción de valor, plusvalor y plusganancia que proviene del trabajador; solo a su reparto relativo entre amigos–enemigos capitalistas. ¡El PCR cree haber encontrado un antagonismo esencial donde solo hay –por así decirlo– un pleito subordinado!

Como hermanos de sangre

“La discusión no es sobre el modo de producción predominante en la Argentina, que claramente es capitalista, sino si en este modo de producción se ‘armoniza’ o se agudiza la contradicción entre capital y propiedad territorial. Y ver cómo es esta relación en concreto en el país (…). Es decir, hay que ver en la contradicción entre la propiedad territorial y el capital cuanto pesa la propiedad territorial y cuanto el capital” [31].

Este es un “clásico” del etapismo en la argentina y Latinoamérica: el ver una contradicción esencial entre propietarios y “productores” capitalistas agrarios donde solo hay un pleito subordinado.

Esta fábula seria real si los propietarios de la tierra explotaran a los capitalistas productores. Pero esto no solo es teóricamente inconsistente, sino políticamente falso.

Como punto de referencia están las clásicas discusiones alrededor de esta cuestión. Hay que recordar que hace más de medio siglo, Milcíades Peña, había polemizado contra este tipo de posición. Mediante investigaciones históricas irrefutables, Peña demostraba que la burguesía industrial era “hermana desde los dientes de leche” de la burguesía terrateniente agraria; que había surgido como una diferenciación de la misma y que lo característico de ese proceso era tanto la capitalización de la renta agraria como la territorialización de la ganancia industrial: “(…) A partir de 1933 se soldó una íntima alianza entre los sectores agropecuarios e industrial de la burguesía argentina. En realidad, nunca hubo entre estos sectores neta diferenciación ni conflictos agudos, porque la burguesía industrial surgió de la burguesía terrateniente, y la capitalización de la renta agraria y la territorializacion de la ganancia industrial borran continuamente los imprecisos límites que las separan. Además, terratenientes e industriales estaban íntimamente vinculados al capital extranjero y todos se hallaban unidos por el común antagonismo contra la clase trabajadora” [32].

José Boglich se expresaba en el mismo sentido: “El entrecruzamiento de intereses entre la oligarquía, el capital imperialista y el capital local tornaba inviables políticas autónomas por parte de la burguesía nacional. No es posible, pues, dar crédito a las teorías del ‘antiimperialismo’ de las burguesías de los países atrasados, sino a lo sumo comprender el comportamiento de ellas como reacomodamientos ventajosos dentro de la lucha inter–imperialista” [33].

Efectivamente, la tendencia del desarrollo capitalista en la Pampa húmeda, lo que muestra, es como crecientemente se borran los limites entre las esferas agraria, industrial, financiera y comercial. Se trata de una tendencia histórica, secular, que en las ultimas décadas no ha hecho mas que profundizarse, mal que le pese al PCR.

Quizás toda esta larga discusión aparezca como muy “general”. Quizás sea muy compleja seguirla; ya es de por sí complejo el problema de la renta agraria. Pero atención: tiene una importancia estratégica inmensa. Cuando comenzamos este trabajo, el PCR nos trataba de convencer que el paro patronal del campo le estaba dando la razón (contra el trotskismo) a sus posiciones etapistas. Después el PCR nos quiso convencer que, en el campo argentino, había una pelea esencial entre terratenientes y pools “semi–feudales” y la burguesía agraria que seria “explotada” por los primeros Lo que sigue lógicamente de ahí es que los capitalistas agrarios serian “aliados” de los trabajadores (urbanos y rurales) en la perspectiva de una “revolución democrático–popular”. Por esto mismo, los obreros tendrían que apoyar un paro agrario patronal. No señor: a lo largo de todo este trabajo creemos haber demostrado que la clase obrera bajo ningún concepto debe subordinarse a ningún campo burgués para ser furgón de cola de ninguna “revolución democrática–popular” burguesa que solo esta en la oportunista cabeza del PCR.

Todo lo contrario: la clase trabajadora, actuando de manera independiente, debe encabezar una revolución obrera y socialista que en alianza con los sectores populares y con las auténticas capas medias del campo y la ciudad, expropie a los capitalistas urbanos y rurales en la perspectiva de la socialización de la industria y la producción agropecuaria [34].

[1] El PCR se queja de los que “hablan de capitalismo agrario y no del capitalismo en el agro” (Gastiazoro, ídem). Traducido: en la Argentina habría capitalistas en el campo pero la estructura económico–social del campo, como tal, no sería capitalista. Volveremos sobre esto.

[2] “Lo nuevo y lo viejo en el campo argentino”, Eugenio Gastiazoro, revista Teoría y Política.

[3] Naturalmente, estos productos también se los puede aportar el mercado mundial, tendencia a la que apunta el contenido objetivo del paro agrario patronal.

[4] Gastiazoro, ídem.

[5] Es sabido que el estalinismo, las corrientes populistas de izquierda e incluso cierto “trotskismo” sostuvieron la tesis acerca del carácter “feudal” de la conquista americana, tesis que hace rato se ha derrumbado bajo el peso de la evidencia histórica.

[6] Estas relaciones de esclavitud fueron de “hecho” en el caso de la explotación española de la población originaria y “de derecho” en el caso de la abierta esclavitud de los afro descendientes en el Brasil y el sur de Estados Unidos.

[7] Milcíades Peña, “Industria, burguesía industrial y liberación nacional”, Buenos Aires, Fichas, 1974, pp. 178–179.

[8] Horacio Tarcus, El marxismo olvidado. Silvio Frondizi y Milcíades Peña, Buenos Aires, El cielo por asalto, p. 98.

[9] Javier Balsa, El desvanecimiento del mundo chacarero, Buenos Aires, UNQui, 2006, p. 264.

[10] Gastiazoro, ídem.

[11] Rolando Astarita, ídem.

[12] Ganancias ricas, pobres empleos, Página 12, ídem.

[13] Gastiazoro, ídem.

[14] K. Marx, cit., p. 821.

[15] R. Astarita, cit.

[16] Al MST siquiera se le pasa por la cabeza el problema: ¡se mueve en el mundo de la empíria más superficial!

[17] Gastiazoro, ídem.

[18] Gastiazoro, ídem.

[19] K. Marx, cit., p. 796.

[20] K. Marx, cit. pp. 791–792.

[21] K. Marx, cit., p. 794.

[22] Gastiazoro, ídem.

[23] Marina Kabac, ídem.

[24] La elaboración de esta sección contó con el aporte de Juan José Funes.

[25] K. Marx, cit., p. 820.

[26] Juan Iñigo Carrera, “La formación económica de la sociedad Argentina”, Volumen I, pp. 16, Imago Mundi, Argentina, 2007.

[27] Karl Marx, Miseria de la Filosofía, Buenos Aires, Cartago, 1987, p. 124. Una cita muy valiosa mas allá de la imprecisión –en este texto temprano– de que como definió el mismo Marx luego en El Capital, en el caso de la producción agraria no hay, precisamente, nivelación de los precios, sino que los mismos se rigen por los de las tierras más improductivas puestas en producción.–

[28] K. Marx, El capital, tomo III, pp. 829–830.

[29] K. Marx, cit., p. 849.

[30] Anwar Shaikh, idem, pp. 111–112.

[31] Gastiazoro, ídem.

[32] Milcíades Peña, Masas, caudillos y elites, Buenos Aires, El Lorraine, 1987.

[33] H. Tarcus, cit., p. 100.

[34] En la pampa húmeda (la zona núcleo), la perspectiva de un Plan Nacional Agropecuario tiende a tener fuertes elementos de socialización de la tierra. En otras regiones menos favorables desde el punto de vista económico general, lo más probable es que esto se combine con diversas formas de cooperación agraria y acceso a la propiedad de la tierra en forma individual. Veremos esto en el último capítulo de este trabajo.

5) El retorno del socialismo liberal

Los artículos del MST dedicados a defender sus posiciones frente al conflicto agrario no han pasado la prueba de los hechos: desafiaron cualquier análisis objetivo del paro patronal. Todo lo que argumentaron no solo es absolutamente vulgar sino hasta desopilante: se trata del absoluto vaciamiento teórico marxista y estratégico de un grupo que ha perdido toda brújula de clase!

La tesis central del MST es que estuvimos en presencia de un conflicto donde su carácter social lo dieron los pequeños productores. En estas condiciones, de lo que se trataba, era de “apoyarlos en su lucha”

“Nuestra política fue diferente a la de todos estos sectores (se refiere a las corrientes de la izquierda como el nuevo MAS, L.P.). En la lucha fuimos coincidiendo en varios puntos con otras organizaciones. Desplegamos una gran campaña entre los trabajadores y el pueblo en apoyo a los pequeños productores, levantando la necesidad de una política diferenciada para ellos. Desenmascarando al mismo tiempo al gobierno y su doble discurso. Exigiéndole que si quería enfrentar a la oligarquía impulsara una profunda reforma agraria y otras medidas transicionales para reventar a los grandes terratenientes y a los pools de siembra” [1].

Pero lo que no se entiende es como podría exigirse “una profunda reforma agraria y otras medidas transicionales para reventar a los grandes terratenientes y a los pools de siembra” apoyando incondicionalmente un paro agrario que, explícitamente, por la propia naturaleza de clase del frente de las organizaciones que lo están dirigiendo, excluía medidas de este tipo, salvo que no se tratase mas que de una frase vacía de todo contenido real!

A pesar de su cinismo, el propio Eduardo Buzzi confirmaba este balance cuando reconocía que para los productores chicos la caída de la 125 no había significado nada.

Si el MST hubiera sido coherente con esta posición, desde el principio le hubiera exigido a la FAA que rompa con la SR y la CRA. Pero es precisamente esta “exigencia” la que jamás levantaron a lo largo de las larguísimas jornadas del paro reaccionario. Porque solo se limitaron a hacer seguidismo al paro agrario tal cual fue.

Es falaz que esto serviría para “ganar a los sectores medios para su unidad con los trabajadores”. Porque justamente para levantar esta política de clase, previamente hay que lograr la división de las organizaciones del campo, el que la FAA no fuera –en la hipótesis que esto sea probable– detrás de la Sociedad Rural, sino a una alianza con los trabajadores del campo y la ciudad!

La posición del MST ha tenido tres problemas. Planteo el apoyo a los pequeños productores haciendo total y completa abstracción de que estos se hallan en un estrechísimo y férreo frente único con la Sociedad Rural (y también la CRA, CARBAP, etc.) insigne organización histórica de los propietarios y productores capitalistas del país. Segundo: en ningún lado se interrogo seriamente respecto de la verdadera naturaleza social de aquellos “productores” que son los que realmente le dieron el tono social y político a la pelea. Y tercero, planteo un programa para el campo argentino que no solo no tuvo por eje la expropiación de la gran propiedad y su socialización, sino que esta incluso por detrás de los programas proteccionistas y de transferencia de renta agraria clásicos del nacionalismo burgués que han tenido como uno de sus pilares los impuestos a las exportaciones agrarias [2].

Por el contrario, e insospechadamente quizás, el suyo se emparentó mas con las corrientes socialistas “liberales” estilo el Partido Socialista de Juan B. Justo de las primeras décadas del siglo XX. Es decir, ¡un programa socialista liberal!

Tras las huellas de Juan B. Justo

En ausencia de posiciones independientes y dada la ya señalada ignorancia teórica, política e histórica que caracteriza al MST, este siquiera sospecha la parentela política que gano a lo largo del conflicto. Tampoco pareció importarle mucho si en la perdida de todo atributo realmente internacionalista, sostiene posiciones y alineamientos de país a país del todo incongruentes aun a pesar de tratarse hoy, en Latinoamérica, de un ciclo político único y común con las mismas coordenadas generales, mas allá de las especificidades que cruzan cada situación.

Todo el mundo sabe que el Partido Socialista de comienzos de siglo XX en vez de defender un programa obrero independiente, se caracterizo por oponer a los sectores y gobiernos patronales proteccionistas emergentes el programa de otro sector patronal (a la sazón, el todavía dominante en su época): el del libre cambio.

Este mismo comportamiento lo repitió en todas las coaliciones políticas en las que se dividió la burguesía argentina en la historia del siglo pasado. Porque el PS histórico prácticamente siempre estuvo de la mano de la fracción liberal de la misma. Los casos de la “Unión Democrática” en el ’45 y de la “Revolución Libertadora” en el ’55 son ejemplificadores de esto, por no hablar del hecho de que le dio embajadores e intendentes a la ultima y sangrienta dictadura militar del ‘76.

El principio “conceptual” de esto, se fundaba en una concepción mecánica del “progreso” por la cual se consideraba que en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas, de alguna manera el sometimiento del país al dominio de uno u otro imperialismo hacia las veces de factor “progresivo” y de “desarrollo”…

“En fin de cuentas, por lo general los países capitalistas desarrollados dominaran el comercio ya que su mayor eficiencia les permitirá producir la mayoría de las mercancías a valores absolutamente más bajos y, por tanto, venderlas a precios de producción absolutamente mas bajos, en promedio. Sobre todo, se debe tener presente que estos resultados representan las tendencias automáticas del comercio libre y sin impedimentos entre naciones capitalistas con diferentes niveles de desarrollo. No es el monopolio o la conspiración sobre lo que descansa el desarrollo desigual, sino la libre competencia misma: el comercio libre es un mecanismo para la concentración y la centralización del capital internacional” [3].

Pero lo sorprendente del caso es que en pleno siglo XXI haya corrientes de la izquierda que insensible e ignorantemente se hayan deslizado a este tipo de posiciones –digamos– “socialistas liberales” frente a medidas tibia y limitadamente “proteccionistas” burguesas del estilo de las retenciones. Esto, en vez de levantar una posición de intransigente independencia frente a todo campo patronal. Una y otra vez repitieron exactamente el mismo argumento que las entidades patronales agrarias: “El verdadero motor fueron los pequeños productores hartos que les metan la mano en el bolsillo ante un tributo regresivo que a ellos los mandaba a la ruina y solo significaba cosquillas para los grandes propietarios” [4].

¡No se tratan estos de argumentos propios de socialistas revolucionarios! Porque las corrientes verdaderamente de izquierda impulsamos no solo la socialización de la renta agraria y el monopolio absoluto del comercio exterior (y no meras retenciones “regresivas” que le “meten la mano en el bolsillo a los productores”), sino la lisa y llana expropiación de la gran mayoría de los propietarios agrarios!

Claro que en ese marco, desde la clase obrera, es absolutamente obligatorio él tenderle una mano a los pequeños productores familiares que no explotan mano de obra asalariada. Pero durante el conflicto, esto solo se podría haber hecho a condición de que estos hubieran roto su frente único con los capitalistas del campo que solo podía afectar a la clase obrera urbana y rural y a ellos mismos [5].

Por si no hemos sido suficientemente claros: estamos completamente a favor de “meterle la mano en el bolsillo” con tributos “regresivos” a todos los que sean propietarios burgueses grandes, medianos e incluso “pequeños” (y / o rentistas–arrendatarios como hay muchos hoy en la zona “núcleo”) si es que estos emplean mano de obra asalariada. Claro que no para que los administre un Estado burgués, sino uno de la clase obrera!

Pero el MST es incapaz de sostener una ubicación de clase. Inútilmente se les exigirá el que opongan una perspectiva obrera e independiente frente a todo bando patronal. Porque lo suyo ha sido sumarse –como alegre furgón de cola– a la burguesía opositora, burguesía que ha venido esgrimiendo –cada vez mas abiertamente– renovados argumentos “ortodoxos” y neo–liberales.

Porque el programa real del paro agrario no ha sido otro que el exigir libertad de comercio con el mercado mundial. Este y no otro fue el verdadero contenido de la exigencia de rebaja indiscriminada de las retenciones sin importar las consecuencias que inmediatamente tuvo esto para la clase trabajadora y los sectores populares del país!

Marx y los impuestos a las exportaciones agrarias

Para profundizar en lo que venimos argumentando, repitamos que la posición del marxismo clásico no es la de meras retenciones burguesas sino la del monopolio del comercio exterior y la expropiación lisa y llana de los terratenientes y la burguesía agraria. Además, el planteo impositivo siempre es diferencial: mas alto para al gran capitalista que para el pequeño propietario.

No perdemos de vista que el MST levanto el planteo de “retenciones diferenciales” al calor del paro agrario. Pero lo que esta organización parece perder de vista es que esta reivindicación no ha figurado en el programa de las cuatro entidades sencillamente porque de esta manera se rompería instantáneamente el frente único entre ellas.

Al respecto, el propio Marx señalaba que: “En general, al considerar la renta diferencial debe observarse que el valor de mercado se halla situado siempre por encima del precio global de producción. Esta determinación mediante el valor de mercado, tal como el mismo se impone sobre la base del modo de producción capitalista, por medio de la competencia (…) engendra un valor social falso. Esto surge de la ley del valor de mercado a la cual se someten los productos del suelo (…). Si se imagina abolida la forma capitalista de la sociedad, y la sociedad organizada como una asociación consciente y planificada (…) la sociedad no compraría ese producto del suelo por una cantidad de trabajo 2 veces y medio mayor que el tiempo de trabajo real que se encierra en él: con ello desaparecería la base de una clase de terratenientes. Esto obraría exactamente igual que un abaratamiento del producto por igual monto en virtud de una importación extranjera. Y así como es correcto decir que –conservándose el modo de producción actual, pero suponiendo que la renta diferencial fuese a parar a manos del Estado– los precios de los productos del suelo permanecerían inalterados de permanecer constantes las demás circunstancias, es un error afirmar que el valor de los productos permanecería inalterado si se sustituyese a la producción capitalista por la asociación (…). Lo que la sociedad, considerada como consumidor, paga de mas por los productos agrícolas, lo que constituyen un déficit en la realización de su tiempo de trabajo en producción agraria, constituye ahora el superávit para una parte de la sociedad: los terratenientes” (Tomo III, volumen 8, pp. 848/9).

Es evidente que algo de esto hay en las retenciones, es decir, en esta forma bastarda y deformadamente burguesa de distribuir el tiempo de trabajo de la sociedad. Esto, independientemente del hecho que, como ya señalamos, el que las cobra es el Estado al servicio de otros sectores capitalistas amigos y no un Estado de los trabajadores! Pero conceptualmente la cosa no cambia. Por esto lo que dice el MST respecto del supuesto carácter “confiscatorio” tout court de los impuestos a las exportaciones, es pura ignorancia de las leyes que rigen la renta de la tierra bajo el capitalismo.

Porque la apropiación de renta diferencial por parte del Estado no modifica el precio del grano (si consideramos el precio mundial). La renta no contribuye a la formación de los precios. El cereal no es caro porque paga una renta, sino que se paga una renta porque el cereal es caro. Por lo cual es incorrecto afirmar que si baja la renta se abarataran los precios de los cereales u oleaginosas. Si modifica el precio interno una variación del tipo de cambio, o de las retenciones, ya que lo desconecta, parcialmente, del precio en el mercado mundial. Pero, naturalmente, el precio en el mercado mundial no se modifica por esto; simplemente se trata de un procedimiento por el cual el Estado se puede apropiar de una parte de la renta, dada la diferencia entre el precio interno y el precio mundial.

Las transferencias de valor en el mercado mundial

Continuando con lo que venimos desarrollando, señalemos qué “cuando se intercambian internacionalmente mercancías; productos de capitales globales nacionalmente de diverso desarrollo (es decir, de diferente composición orgánica y de diversos salarios medios nacionales), la mercancía del capital más desarrollado tendrá menos valor. La competencia nivela sin embargo el precio de ambas mercancías, en un precio medio único (precio de producción) que se logra sumando los costos de producción a la ganancia media mundial. De esta manera, la mercancía con menor valor (del capital nacional más desarrollado) obtiene un precio mayor a su valor, que realiza extrayendo plusvalor a la mercancía de más valor. Por ello, la mercancía del capital de menos desarrollo, aunque pueda realizar ganancia (si su precio de producción es menor que el precio medio o ‘precio de producción’, internacional), transfiere plusvalor, porque el precio medio es menor que el valor de la misma mercancía” [6].

Un importante problema, que ya venimos “rozando” desde el punto anterior, tiene que ver con las transferencias de valores en el mercado mundial y sus tendencias contradictorias. Porque como tendencia secular, es decir, histórica, lo que ha existido siempre bajo el capitalismo, es transferencia de valor de los países coloniales y semicoloniales al centro imperialista. Esto es así porque opera –en el ámbito internacional– la tendencia a la igualación de la tasa de ganancia en todas las ramas de la economía. Y esto incluye a las agrícolas, pero sólo en lo que tiene que ver con el componente de la ganancia “normal”, no así en lo que hace a los componentes de la renta.

La aplicación de esta tasa a mayores masas de capitales producto de una composición orgánica del capital mayor en los países del norte (“a mayor composición orgánica, menor el valor del producto” dice Marx), siempre ha dado lugar a que los bienes agrícolas (que históricamente han tenido más trabajo vivo incorporado por unidad de medida) se vendan por debajo de su valor (aunque por encima de sus precios de producción) y los manufacturados (que tienen menos trabajo incorporado por unidad de medida) se vendan por encima de su valor.

“Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior porque, en primer lugar, en este caso se compite con mercancías producidas por otros países con menores facilidades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores (…). La misma relación puede tener lugar con respecto al país al cual se le envían mercancías y del cual se traen mercancías; a saber, que dicho país de mayor cantidad de trabajo objetivado in natura [en especie] que el que recibe, y que de esa manera, no obstante, obtenga la mercancía más barata de lo que el mismo podría producirla (…). El país favorecido recibe más trabajo a cambio de menos trabajo, a pesar de que esa diferencia, esa cantidad de más (…) se la embolsa una clase determinada” [7].

Precisamente, en lo que hace al comercio internacional, la anterior es una tendencia histórica que no ha cambiado ni va a cambiar y que desmiente la perorata campestre alrededor de que la Argentina podría desarrollarse –en estos comienzos del siglo XXI– reeditando alguna versión modernizada del modelo “agro–exportador” de comienzos del siglo pasado.

Al mismo tiempo, a esta propensión a la transferencia de valor del país más atrasado al más adelantado, se le contrapone, digamos, una contratendencia: el carácter de precio de monopolio que se le puede aplicar a aquellos recursos naturales que, como el petróleo, cobran más renta a medida que mayor es su tendencia al agotamiento desplazándose hacia lugares de extracción más “improductivos” sin ser reemplazados por otros productos que pudieran cumplir su función.

En el caso de la agricultura, es sabido cómo funciona este mecanismo: dentro de la misma, no rige la tendencia a la igualación de los precios. Es decir, el precio regulador de mercado se establece a partir de aquellas tierras de peor calidad que encuentran salida a sus productos en el mercado.

En condiciones de alta demanda, sus precios tienden a subir. Esta suba de los precios hace que las tierras de peor calidad puedan entrar en producción fijando el precio de mercado del producto en su nivel, que es el más caro, porque es el que tiene más trabajo humano incorporado, mientras que las tierras de mayor fertilidad se embolsan una renta agraria diferencial y extraordinaria enorme. Renta diferencial que no significa otra cosa que la transferencia de trabajo humano no pagado del resto de la economía mundial a aquellos países de fertilidad extraordinaria (caso de la Pampa húmeda de la Argentina).

Es decir, que mientras en el ámbito de la ganancia media lo que se opera es una transferencia de valor del sur al norte por mayor composición orgánica del capital, en lo que tiene que ver con los mecanismos de la renta agraria diferencial, la transferencia puede ir en sentido contrario.

Esto sin olvidar nunca los mecanismos “compensatorios” a esta realidad que han venido siempre desde los países imperialistas en lo que tiene que ver con garantizar una recuperación secundaria de renta diferencial: desde los precios de monopolio a comienzos del siglo XX para unos ferrocarriles en manos inglesas (precios que les permitían captar parte de la renta diferencial), hasta hoy en día el altísimo costo que tiene, por ejemplo, el “paquete transgénico” (semillas, fertilizantes y herbicidas). Ambas expresan formas de retorno de renta diferencial al centro imperialista

Sin embargo, lo anterior no puede durar “toda la vida”. En la propia agricultura, la creciente incorporación de capitales, que tiene como subproducto un campo crecientemente capitalista, tiende a aumentar la productividad, la composición orgánica del capital y a abaratar los precios de cada unidad de producto, achicando el peso del componente de renta absoluta; llegado un punto, la transferencia de valores del sur al norte sé reestablece.

“En el comercio internacional no se intercambian equivalentes, porque aquí, lo mismo que en el mercado interno, existe la tendencia a la nivelación de las tasas de ganancia; entonces, las mercancías del país capitalista altamente desarrollado, o sea de un país con una composición orgánica del capital mas elevada, son vendidas a precios de producción que siempre son mayores que los valores, mientras que, al contrario, las mercancías de países con una composición orgánica del capital inferior son vendidas en libre competencia a precios de producción que por regla general deben ser inferiores a sus valores. De esta manera, en el mercado mundial se producen, dentro de la esfera de la circulación, transferencias del plusvalor producido en un país poco desarrollado al capitalista altamente desarrollado, dado que la distribución del plusvalor no se realiza según la cantidad de obreros ocupados sino según la magnitud del capital puesto en función” [8].

Precisamente por lo que acabamos de reseñar es que la actual crisis de las commodities no puede negar la tendencia histórica. Tarde o temprano la tendencia a la transferencia de valor del sur al norte sé reestablecerá dadas las leyes de fondo de funcionamiento del capitalismo (algo que ya parece estar ocurriendo en medio de la crisis…). Porque si bien a partir de 2005 comenzó a registrarse un alza de los precios de los alimentos (el arroz aumentó, entre comienzos de 2006 y abril de 2008 el 217%; en el mismo lapso el trigo subió el 136%; el maíz el 125%; la soja el 197%) todavía no se puede afirmar que se haya producido un cambio en la tendencia secular de caída de los precios de los alimentos. En otros momentos históricos no continuaron y no se revirtió la tendencia de largo plazo. La entrada de capitales en el agro, las perspectivas de puesta en funcionamiento de tierras ociosas –notoriamente en Ucrania y Rusia– y las perspectivas de aumento de la productividad podría provocar un fuerte incremento de la oferta en los próximos años. Por eso no se puede descartar que, a mediano plazo, se retomará la tendencia bajista de los precios. En ese caso se produciría un estallido de la actual burbuja alcista (hecho que ya está ocurriendo).

En síntesis: los países pseudo–industrializados como la Argentina seguirán perdiendo en la competencia económica internacional por más boom de las commodities que transitoriamente sé esté viviendo; esto, en la medida que no se abra un proceso de revolución y transición al socialismo que inicie la vía a un verdadero desarrollo de las fuerzas productivas.

Libre mercado y proteccionismo burgués y socialista

“En efecto, y como veremos, la relación entre las naciones capitalistas es de competencia, no de explotación, pero sí de dependencia; de extracción del plusvalor por parte del capital mas fuerte y de transferencia por parte del capital mas débil; pero ello no se opone, sino que se articula perfectamente, a la explotación de una clase sobre otra, del capital sobre el trabajo. En este segundo caso no hay transferencia de plusvalor, sino apropiación de plusvalor propiamente dicho. Pero el plusvalor apropiado por el capital en la relación vertical capital–trabajo (explotación) es la fuente de la transferencia de un capital débil hacia el mas fuerte en el nivel horizontal (competencia, dependencia) [9].

Como ya señalamos, al defender un programa de libre mercado, el MST ha quedado por detrás incluso de los programas del nacionalismo burgués. Los mismos han incluido siempre medidas de “protección” de la economía nacional respecto de la mundial como forma de alentar algún grado de industrialización (en puridad, de seudo–industrialización, por sus limites nunca franqueados capitalistas) del país atrasado del cual se tratara.

Pero el libre mercado esta en la antípoda de esto: siquiera se impulsa una seudo–industrialización: solo apunta al aprovechamiento de las llamadas “ventajas comparativas” por las cuales (dicho genéricamente) la periferia del mundo aporta básicamente materias primas y el centro imperialista productos industrializados.

“El libre comercio, en vez de negar las desigualdades entre naciones, las vera agudizarse. Las ventajas absolutas de los países capitalistas desarrollados sobre los piases capitalistas subdesarrollados no se reducirán a una ventaja comparativa para todos, como los proponentes del comercio libre lo han asegurado por tanto tiempo. Al contrario, el comercio libre mismo asegurara que los países capitalistas avanzados dominaran el intercambio internacional, y que los países menos desarrollados terminaran con déficit crónico y con una deuda también crónica” [10]. Esto, sencillamente, por lo que ya ha sido señalado acerca de la transferencia de valor que se opera entre los capitales mas débiles hacia los mas fuertes, de mayor composición orgánica.

Pero el MST no puede saber nada de todo esto. No se ha detenido a reflexionar acerca de que sin algún tipo de proteccionismo que limite el imperio de la ley del valor internacional sobre la economía nacional, no puede siquiera empezar a hablarse de desarrollo industrial. Si no hay medidas proteccionistas (burguesas o socialistas, por principio, lo mismo da) no hay posibilidades de desarrollar un país atrasado. Es imposible. No puede haber verdadera acumulación a escala ampliada. Porque lo que hace falta es, precisamente, una acumulación que para realizarse, debe ponerle limites al imperio de la ley del valor. Es decir, que rompa con el imperio de las mercancías más baratas de los países más competitivos en los cuales cada unidad de producto tiene menos trabajo humano incorporado. Porque si te ajustas a la ley de valor, “fuiste”: ¡tenes que producir ballenitas y comprarle todo a Estados Unidos, Alemania, Japón o China!

“Objetiva o relativamente cada producto de un capital nacional menos desarrollado lleva mas proporción de valor–trabajo (‘precio mas elevado del trabajo’), aunque subjetiva o absolutamente el obrero reciba menos mensualmente (‘un jornal inferior’). En los países mas desarrollados el obrero recibe subjetivamente mas salario per capita (crea mas mercado interno), pero el valor de la mercancía es menor (tiene menos proporción de valor–salario: necesita menos tiempo necesario por unidad de producto). De la misma manera, por el proteccionismo (modo de monopolio) establecido desde el tiempo de la revolución industrial (nacionalismo proteccionista en el que Inglaterra fue maestra indiscutida), no hay fluidez en la transmisión mundial de la tecnología, de la población, del capital como totalidad. Hay entonces una media nacional, tanto del salario como de la composición orgánica del capital” [11].

Es decir, el proteccionismo burgués (y ni hablar del socialista) es imprescindible para “romper” la ley del valor. Si no, no hay industrias. Y si no hay industria, y no hay desarrollo global de las ramas productivas, lo que hay es dependencia y atraso. Sencillamente esto es lo que ocurre, por principio, en todo el mundo semicolonial.

“En Marx la ‘cuestión nacional’ debe plantearse exactamente en este nivel: lo que impide que la competencia ser perfecta, es decir, la existencia de monopolio como hecho ‘político’ (extraeconómico) es la existencia de ‘naciones’ con Estados. Las condiciones del capital global en su conservación y reproducción tiene barreras nacionales relativamente resistentes (aunque frecuentemente franqueadas en algún grado). Es como un ‘dique a la miseria’, o a la riqueza. Samir Amin anota correctamente: ‘esta cuestión previa del desarrollo interno procede evidentemente de la existencia del hecho nacional, que la teoría economisista finge ignorar. El sistema capitalista, si bien ha unificado el mundo, lo ha unificado sobre la base de naciones desigualmente desarrolladas’. La existencia del hecho nacional para nada niega la dependencia; ni esta niega a aquel. Ambos existen: unos como la sustancia parcial (la nación); la otra como la conexión en la competencia (y, por ello, explicando la transferencia de plusvalor de una ‘nación’ a otra: nada más y nada menos)” [12].

Claro que, al mismo tiempo, es una obviedad que los gobiernos nacionalistas burgueses que en la historia han habido, al negarse a franquear los limites de la propiedad privada, solo pudieron impulsar una seudo–industrialización. Y que el capitalismo de Estado light de un Chávez o un Evo Morales hoy, siquiera le llega a los talones a las figuras nacionalistas emblemáticas del siglo XX.

Además, los límites de todo proteccionismo (burgués o incluso socialista) siempre tienen que ver con que, en última instancia, lo que decide la cosa es (amén de la revolución mundial) el grado de desarrollo de las fuerzas productivas del país del que se trate: “Las retenciones permiten ‘desconectar’ por un tiempo las variaciones de los precios internacionales de los bienes transables, de las variaciones de los precios internos. En este sentido generan un tipo de cambio particular; esto es, median entre los espacios nacionales de valor y el espacio mundial. Sin embargo, la desconexión no puede ser absoluta, ni prolongarse indefinidamente. A largo plazo termina imponiéndose la ley del valor trabajo, que opera a escala mundial, en la medida en que el capital opera a escala mundial. Es una ilusión pensar que los precios los puede fijar algún poder político a voluntad. Ni siquiera el aparato estalinista en un régimen en el que había una economía totalmente estatizada, y donde funcionaban poderosos organismos de planificación, fue capaz de ‘dominar’ a la ley del valor. En tanto no existan las condiciones sociales para la desaparición del mercado, este no puede ser borrado de un plumazo” [13].

Antes de proseguir, es de interés dejar sentado aquí que estos principios funcionan de igual manera en lo que hace al proceso de transición al socialismo. Es decir, en la medida de la subsistencia del capitalismo a escala mundial, en el país donde comience un proceso de transición, inevitablemente se establecerá una tensión entre el intento de establecer una “protección” que limite el imperio de la ley del valor a escala de la economía nacional y el hecho inevitable de que la misma, de variada manera, se termina imponiendo como subproducto de la continuidad de la forma asalariada del trabajo y del atraso relativo del desarrollo de las fuerzas productivas. En la comprensión de esta realidad acerca de la unidad de principios de la economía mundial, ya hemos escrito en otra parte que Pierre Naville le llevaba años luz al “trotskista” Ernest Mandel.

Prosigamos. De manera muy aguda se agrega: “Es cierto que las políticas cambiarias, arancelarias e impositivas modifican los precios en los espacios nacionales de valor, de manera que estos divergen con respecto al precio estableciendo en el mercado mundial. Pero esta circunstancia no anula la ley del valor; solo hace que la misma opere en el espacio nacional bajo formas particulares. Aquí inciden también los niveles salariales, las variaciones en la tasa general de ganancia – y en las tasas de ganancias entre los sectores económicos–, y el nivel general de desarrollo de las fuerzas productivas de cada país, así como la fase del ciclo económico en que se encuentra (…). [Pero] lo importante a destacar ahora es que la ley del valor no es anulada, ni puede ser anulada a voluntad con decretos o intervenciones del Estado capitalista” [14].

Finalmente “la acumulación mundial del capital es la fuerza que impulsa este proceso, y obedece a la lógica del valor que se valoriza explotando la mano de obra asalariada. Los espacios nacionales se vinculan al mercado mundial (al espacio mundial del valor) a través de los tipos de cambio, las políticas proteccionistas, los derechos de exportación y similares medidas. Pero estas mediaciones no pueden impedir la acción de las tendencias del capital global desplegado, ni aislar a las economías del mercado mundial. Este termina imponiéndose: no hay sector que este por fuera de esta totalidad concreta” [15].

Sin embargo, el problema no se resuelve deslizándose al programa del libre comercio que encarnan las 4 entidades del campo. Pero el MST no entiende nada de todo esto. Lo suyo es pasarse –con armas y bagajes– a un programa “socialista liberal” y nada más.

Como idiotas útiles

Para finalizar, señalemos que otro caballito de batalla del MST a lo largo de la crisis, ha sido su prédica alrededor del “cambio del modelo”. Dice que el modelo de los K “entró en crisis y hay que poner en pie otro”. Desde ya que el modelo K esta dando síntomas de creciente agotamiento. Pero las corrientes auténticamente revolucionarias no estamos por un mero “cambio de modelo”, sino por acabar con el sistema capitalista, lo que es algo muy distinto. La adaptación del MST a la charlatanería mediática sobre el “cambio de modelo” vuelve a indicar la profundidad de su bancarrota. Lo anterior no quita que –efectivamente– el paro agrario no haya expresado una creciente pugna de “modelos” entre sectores burgueses. Frente a eso, nada importa la “declaración de buenas intenciones” del MST, que quisiera un “modelo” más “progresista”. Aquí no cuentan las intenciones subjetivas. Lo que importan son las consecuencias objetivas de las acciones de los actores políticos y sociales con los que el MST se ha embarcado como furgón de cola. El MST puede hacer mil discursos, pero lo que cuenta es el hecho de que ha apoyado incondicionalmente a un movimiento que, efectivamente, comenzó a plantear otro “modelo”. Vemos entonces, ¿hacia qué “modelo” apuntan sus amigos del “paro agrario”?

Tanto las medidas concretas que estaba reclamando el campo, que ya comentamos, como los discursos de reaccionarios al estilo de Mario Llambías –presidente de la CRA– sobre “la necesidad de otro modelo de país” van hacia una misma dirección: un ajuste de la economía en clave neoliberal. O sea, un determinado tipo de ajuste sobre los trabajadores. Es que en términos capitalistas, no había otra manera de frenar la inflación, si de lo que se trataba era de rebajar las retenciones agrarias en momentos en que el precio internacional de las commodities se va a las nubes. Los idiotas útiles, como el MST, que “pusieron el hombro” al paro agrario, empujaron en los hechos en ese sentido. Mientras tanto, pueden hacer todos los discursos que quieran sobre “cambiar el modelo”. Un programa socialista revolucionario frente a la crisis del “modelo K” no tiene nada que ver con esa charlatanería. Debería partir de un estricto control obrero y popular de los precios y abastecimientos, así como la inmediata expropiación bajo control obrero de toda empresa que los aumente indiscriminadamente o acapare productos, amén del monopolio férreo del comercio exterior, entre otras medidas. Pero al MST no se le ocurre nada de eso. Su prédica no es de clase. Sólo hace parte del coro de idiotas útiles que, con el paro agrario, se pusieron al servicio de las fuerzas que empujaban hacia un ajuste ortodoxo de la desbocada economía K.

[1] Alternativa Socialista, ídem.

[2] Lo que no niega que los K expresen una representación fantasmagórica de algunas de las medidas tomadas por este tipo de gobiernos en las condiciones de un gobierno que ha sido continuidad –en lo esencial– de un curso neoliberal mas o menos “aggiornado”.

[3] A. Shaikh, idem, pp. 234.

[4] Alternativa Socialista, ídem.

[5] No se debe perder de vista que organizaciones de campesinos como el MOCASE –entre otras– expresamente se declararon en contra del paro agrario a la vez que afirman su independencia del gobierno K.

[6] Enrique Dussel, cit., p. 348.

[7] Karl Marx, El capital, Tomo III, volumen 6, México, Siglo XXI, 1980, pp. 304–305.

[8] Henrik Grossmann, citado por Enrique Dussel, cit., p. 316.

[9] E. Dussel, cit., p. 329.

[10] A. Shaikh, cit., p. 207.

[11] E. Dussel, cit., p. 339.

[12] E. Dussel, “Los manuscritos del 61–63 y el concepto de ‘dependencia”.

[13] R. Astarita, “Renta agraria, ganancia del capital y retenciones”. Julio 2008

[14] R. Astarita, ídem.

[15] R. Astarita, “Renta de la tierra y capital”.

 

6) Un programa socialista para el campo argentino

“El monopolio de la propiedad de la tierra es una premisa histórica, y sigue siendo el fundamento permanente del modo capitalista de producción” (Karl Marx, El capital, Tomo III).

Todo programa revolucionario para el campo argentino tiene que partir del problema de la propiedad de la tierra. Por otro lado, hay que delimitar cuestiones teóricas, históricas y qué relaciones sociales y fuerzas productivas alentar luego de la expropiación de los grandes propietarios y capitalistas agrarios.

Básicamente, se trata de saber si la tarea planteada es la de crear (o fortalecer) una clase de pequeños y medianos propietarios, como defienden las corrientes de la “izquierda” pro ruralistas, o apuntar a formas socializadas de producción. Cabe aclarar que este planteo se refiere a la zona núcleo pampeana, es decir, el centro de la producción agrícola argentina (tanto en volumen como en divisas generadas), no para el resto del país, caracterizado por una enorme diversidad de situaciones y cuyo complejo panorama requeriría un capítulo programático específico que aquí no desarrollaremos.

La propiedad privada de la tierra como fundamento del capitalismo

El primer aspecto a abordar, entonces, desde un punto de vista marxista, es el de la propiedad de la tierra. Esto es, la expropiación de los terratenientes y la burguesía agraria, problemática que las corrientes de la izquierda ruralista no pueden plantearse de manera consecuente, al haberse puesto al servicio de la Sociedad Rural (so pretexto de apoyar a quienes fueron aliados incondicionales de ésta, los supuestos “pequeños y medianos propietarios”).

Bajo el modo de producción capitalista, la propiedad privada de la tierra está “naturalizada” como hecho social, en tanto la tierra es un medio de producción “natural”. Y uno de los supuestos de este modo de producción es la separación del verdadero productor –es decir, el trabajador asalariado urbano o rural– de las condiciones de la producción, sean éstas máquinas o la tierra. Como resume Marx, “la propiedad de la tierra presupone el monopolio de ciertas personas sobre determinadas porciones del planeta, sobre las cuales pueden disponer como esferas exclusivas de su arbitrio privado, con exclusión de todos los demás”. [2]

Se presenta aquí una contradicción, característica y fundamento mismo del sistema. La tierra en sí misma, la “tierra–materia”, salvo las mejoras que se le hagan (la “tierra–capital”), no está mediatizada por el trabajo humano. “Hay ramas de producción en las que ciertos medios de producción naturales, por ejemplo, las tierras de labor, los yacimientos de carbón, las minas de hierro, los saltos de agua, etc., son indispensables para que el proceso de producción pueda efectuarse, y sin los cuales no pueden producirse las mercancías correspondientes (…). [Este] medio de producción (…) no es trabajo materializado sino un don natural. ¿Acaso [se] podría fabricar tierra, agua, minas o yacimientos de carbón? ¡Claro que no! Por tanto, la propiedad privada sobre los elementos naturales, tales como la tierra, las aguas, las minas, etc., la propiedad de esos medios de producción, de estas condiciones naturales de la producción, no es una fuente de la que fluya valor, ya que el valor no es otra cosa que tiempo de trabajo materializado. Esta propiedad es, sin embargo, una fuente de ingresos. Es un título, un medio que permite al propietario de los medios de producción (…) apropiarse la parte del trabajo no retribuido arrebatado a los obreros por los capitalistas (…). Claro está que si la tierra se hallase como un bien elemental a la libre disposición de cualquiera, faltaría uno de los elementos fundamentales para la formación del capital. Este medio de producción esencialísimo que es, además, aparte del hombre mismo y su trabajo, el único medio de producción original, no podría enajenarse ni apropiarse, ni, por tanto, enfrentarse con el obrero como propiedad de otro y convertirle en obrero asalariado”. [2]

Hay tierras buenas y malas, fértiles e infértiles. Pero en tanto “tierra–materia”, esto nada tiene que ver con el trabajo humano. La Pampa húmeda es un subproducto de la evolución natural. La nación argentina “heredó” esta fertilidad natural por estar asentada donde lo está. Argentina tuvo la suerte (o la desgracia, según la clásica apreciación de Milcíades Peña) de que su territorio es de una fertilidad privilegiada según los estándares internacionales. ¿Con qué derecho, entonces, un determinado grupo de personas, puede monopolizar porciones de él?

Pero la propiedad privada de la tierra es una relación económico–social por excelencia del capitalismo, que se funda, precisamente, en la separación del trabajador de las condiciones de producción, sean “naturales” o “artificiales”. Lo que nos remite a la cuestión de los recursos naturales en general.

En efecto, los gobiernos “progresistas” latinoamericanos, al llegar al poder luego del incendio de comienzos del siglo, sabían que para poder subsistir como proyecto político debían poner en marcha una nueva redistribución de renta entre el Estado y los capitalistas privados. Es el caso de Hugo Chávez, de Evo Morales y también pretendía serlo de Cristina K con la elevación de las retenciones agrarias.

Ocurre que con las privatizaciones de los 90 se había entregado, aparte de la ganancia normal (que sigue incólume en manos de los capitalistas), prácticamente toda la renta del Estado en tanto propietario de los recursos naturales. Estos gobiernos lo que plantean es que una parte de la renta vuelva al Estado. No es mala oferta: los capitalistas se llevan la ganancia y, digamos, la mitad de la renta; los “progres” se conforman con la otra mitad de la renta para poder gobernar y administrar algo digno de ser llamado Estado capitalista con cierto margen de acción. En el fondo, éste es todo el secreto de las “nacionalizaciones” de un Evo o un Chávez: embolsar una parte de la renta producida por los recursos naturales de la nación. [3]

En la Argentina también cabe este debate sobre la renta, más allá que nuestro programa socialista revolucionario se asienta en la expropiación de los propietarios de la tierra y demás recursos naturales. La pampa húmeda fue siempre una “ventaja comparativa” de la Argentina en el mercado mundial. Y, como venimos señalando, todo país exportador de materias primas que explotan trabajo humano y expolian la naturaleza genera renta por eso. ¡Sólo “cipayos” neoliberales pudieron entregar la parte del león de esa renta a las multinacionales!

Lucha de clases en el campo

Olvidando o falsificando elementales criterios marxistas, el MST argumentó que su apoyo al reaccionario paro agrario se habría basado “en la letra misma del Programa de Transición de León Trotsky”. Pero el genérico planteo de apoyo a los “pequeños propietarios agrícolas” que allí figura parte de dos premisas. Primera y principal, que el planteo se realiza desde la clase trabajadora, y obviamente siempre que no se encuentren en alianza con los grandes terratenientes y productores capitalistas (en todo caso, apunta a destruir toda posibilidad de tal alianza). La segunda, que se trate realmente de “pequeños propietarios” explotados por los grandes, no unidos a ellos para defender su renta.

En el campo, como en el resto de la sociedad, hay y no puede dejar de haber clases sociales en lucha con intereses antagónicos. Existen propietarios terratenientes, productores capitalistas grandes y pequeños, capitales financieros volcados a la producción (pools de siembra), empresas multinacionales de acopio, comercialización y venta de insumos, empresas de medios de producción, etc. También medianos y pequeños productores, así como más de un millón de trabajadores asalariados rurales.

El Programa de Transición no hace más que recoger la tradición de todo programa socialista revolucionario para el campo que se precie de tal: dividir, no unir, las capas sociales agrarias distintas y antagónicas. Si al MST en verdad le importara la “letra” de ese clásico texto, habría encontrado que “en el campo, los compañeros de armas y equivalente del obrero industrial es el obrero agrícola. Son dos partes de una solo y misma clase. Sus intereses son indisociables (…). Los campesinos [que son propietarios de tierras y trabajan con sus propias manos] representan otra clase: son la pequeño burguesía de la aldea. La pequeño burguesía se compone de distintas capas, desde los elementos semiproletarios hasta los explotadores. De acuerdo con esto, la tarea política del proletariado es llevar la lucha de clases al campo. Solo así será capaz de trazar una línea divisoria entre sus aliados y sus enemigos”. [4]

Es decir, exactamente lo contrario de apoyar y hacer seguidismo a una organización que, como la FAA, se unió a la Sociedad Rural y a lo más granado de la oposición patronal detrás de un programa enteramente burgués y liberal, la libertad irrestricta de comercio. La única posición posible desde los intereses de la clase obrera era llamar a la FAA o a las verdaderas expresiones de los productores agrarios no capitalistas a romper esta unidad y aliarse a los trabajadores del campo y la ciudad. No hay otra estrategia política de clase y revolucionaria posible para el campo.

Ni siquiera cabe la coartada de apoyar “sectores populares”, ya que “Lenin y Marx definen el pueblo como la alianza de obreros y sectores empobrecidos de la pequeño burguesía. No fue el pueblo el que se movilizó, como afirma el PCR. Los 1.300.000 obreros rurales no participaron de la protesta: la mayoría de ellos continuó trabajando tranqueras adentro (el “paro” era sólo comercial) mientras sus patrones mateaban en la ruta. Tampoco hubo campesinado, sino capitalistas y rentistas más o menos grandes o pequeños, pero ninguno que sobreviva de otra cosa que del trabajo ajeno”. [5]

Viejos y nuevos terratenientes

El programa agrario socialista revolucionario se apoya en un eje fundamental: las grandes extensiones de tierra deben ser expropiadas. Esta “máquina natural”, fuente de la productividad agraria, no puede ser privada porque, entre otras cosas, el hombre no hizo nada para que sea como es. [6]

Como se ha señalado desde una izquierda no”campestre”, “ningún revolucionario serio puede llamar a otra cosa que a la expropiación de la única riqueza real que tiene la Argentina, a saber, la pampa. Todo lo demás, sencillamente, no tiene importancia. Renunciar a la revolución agraria, es decir, a la nacionalización y expropiación de toda la tierra y a su explotación por un Estado obrero, equivale a dejar en manos de la burguesía la principal riqueza nacional (…) Regalar la principal fuente de riqueza de tal manera, equivaldría a pedirles a los obreros venezolanos que renuncien al petróleo, a los bolivianos al gas o a los chilenos al cobre”. [7]

Este reclamo tiene un origen que señalaremos muy sucintamente. La propiedad de la tierra como fuente de riqueza tuvo un lugar central en la Argentina prácticamente desde la independencia misma. La famosa Ley de Enfiteusis de Bernardino Rivadavia (mayo de 1826), que hipotecó las tierras públicas como garantía a los prestamistas extranjeros, dio en usufructo grandes extensiones, que luego Juan Manuel de Rosas generosamente entregó a familias patricias en propiedad privada. [8]

Entrado el siglo XIX, tras la “Campaña del Desierto” (campaña militar de expansión de la frontera concluida en 1879), el presidente Julio A. Roca repartió esas tierras conquistadas al indio entre sus oficiales, fortaleciendo y renovando el plantel de la oligarquía “nacional”. Así se llegó al siglo XX, en que “el ‘granero del orbe’ no pertenecía ni por asomo al conjunto de la población. El censo de 1914 mostraba que la propiedad de la tierra era de muy pocos: el 5% de los propietarios disponía del 55% de las explotaciones”. [9]

Cien años después, el panorama no parece haber mejorado mucho. Según el último censo agropecuario de 2002, la superficie agropecuaria ronda los 175 millones de hectáreas, explotadas por 330.000 explotaciones agrícolas [10], una cantidad sensiblemente menor que las 420.000 del censo de 1988 o las 600.000 de veinte años antes.

Aún más aleccionador es desagregar esa cifra por tamaño: 936 explotaciones de más de 20.000 hectáreas suman más de 35 millones de hectáreas, presumiblemente de las más fértiles del país. Y si se consideran losa los propietarios de entre 5.000 y 20.000 hectáreas, se llega a que 6.160 “productores” poseen 87 millones de hectáreas. ¡Prácticamente la mitad de las tierras explotables de todo el país, es decir, una concentración brutal en materia de propiedad de la tierra! En el otro polo, existen 170.000 explotaciones agropecuarias de entre 5 y 100 hectáreas que sólo suman unos 5 millones de hectáreas. Es decir, más de la mitad de las unidades productivas sólo reúnen el 3% de las tierras. Entre ambos extremos hay unas 75.000 explotaciones de entre 100 y 500 hectáreas, que suman unos 18 millones de hectáreas, y las explotaciones “medianas” de entre 500 y 5000 hectáreas, son unas 44.000, y totalizan cerca de 67 millones de hectáreas.

En cuanto a la situación de la zona núcleo, entre 1988 y 2002 la región pampeana es la que registra la mayor caída (–29%) en la cantidad de “productores”, y el mayor crecimiento en materia de concentración de la tierra: 5.127 explotaciones abarcan 30 millones de hectáreas en la zona más rica del país.

Y en la provincia de Buenos Aires, “cinco grupos económicos y 35 grupos agropecuarios lograron ampliar sus dominios en el campo en los 90. Los primeros son Bunge y Born, Loma Negra, Bemberg, Werthein y la familia Blaquier). En total poseen 396.765 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, lo que arroja un promedio de 79.353 hectáreas cada uno. Por su parte, los grupos agropecuarios están constituidos mayormente por familias de la aristocracia, que dieron origen a la Sociedad Rural. Son 35, que reúnen un total de 1.564.091 hectáreas, a razón de 44.688 hectáreas cada una. Figuran familias como Gómez Álzaga, Anchorena, Balcarce, Larreta, Avellaneda, Duhau, Pereyra Iraola, Ballester, Zuberbuhler, Vernet Basualdo, Pueyrredón, Bullrich, Udaondo, Ayerza, Colombo, Magliario y Lanz, etc. En total xisten en la provincia de Buenos Aires 1.294 propietarios con más de 2.500 hectáreas; 800 entre 2.500 y 5.000; 242, entre 5.000 y 7.500; 92, entre 7.500 y 10.000; 108, entre 10.000 y 20.000, y 534 de 20.000 en adelante. En conjunto son dueños de 8,8 millones de hectáreas, algo más del 32% del total de la provincia”. [11]

Ante semejante concentración de la propiedad (y la producción) agraria, no puede caber duda de que la primera tarea revolucionaria en el campo argentino pasa por la expropiación de los grandes propietarios y capitalistas del campo.

¿Reforma agraria o socialización?

A partir de esta definición de base, se trata de saber si en la zona núcleo la expropiación debe ser llevada adelante para impulsar una reforma agraria o para pasar directamente a formas socializadas de propiedad y producción. Como es sabido, la reforma agraria es la clásica tarea de la revolución burguesa en el campo, hoy defendida por las corrientes de la “izquierda” pro campo, que implicaría el reparto la tierra en beneficio de pequeños productores privados. Esto es lo que propone Eduardo Buzzi de la FAA: “La agricultura argentina avanza hacia un escenario donde 3.000 grandes empresas van a terminar produciendo 100.000 toneladas. Nosotros decimos que hacen falta 150.000 productores haciendo esas 100.000 toneladas”. [12] Adelantamos nuestra posición: se trata de una propuesta utópica, totalmente improductiva y, en el fondo, reaccionaria.

De más está decir que ni remotamente los socios políticos de Buzzi, la SRA y la CRA, compartirían semejante reclamo. Y mucho menos Buzzi estaría dispuesto a sostener seriamente ese proyecto, ya que siempre privilegió precisamente la alianza con los grandes productores. No se trata más que de una reivindicación pour la gallerie, lo que el MST sin duda sabe pero prefiere ocultar por razones de puro oportunismo.

Lo malo es que el MST se embandera sin reservas con ese programa tan ajeno como demagógico: “No hay salida de fondo para el campo ni democratización de la tierra o la renta agropecuaria, si no se expropian a los grandes capitales agrupados en los pools de siembra, si no se reparte la tierra de los grandes terratenientes entre los pequeños productores y los obreros agrícolas. O sea, si no se hace una reforma agraria integral. Una reforma de este tipo tendría que liquidar la propiedad terrateniente creando múltiples explotaciones, que algunos productores señalan deben oscilar entre las 150 y 200 hectáreas (…). Este impulso a la pequeña propiedad de la tierra, al redistribuirla entre miles y miles de pequeños productores y trabajadores agrícolas, sería un golpe tremendo para los capitalistas que engrosan sus bolsillos con el hambre de nuestro pueblo. Liquidaría la actual tendencia al monopolio, evitando la liquidación del pequeño productor”. [13]

En verdad, concurrir a los actos organizados y dirigidos de cabo a rabo por la SRA para defender la “expropiación” no suena muy coherente. Pero más allá de eso, este programa resulta, al menos para la zona núcleo pampeana, abiertamente reformista y pequeño burgués, y por tanto, reaccionario; no obrero y socialista. Dadas las características específicas de la Pampa húmeda, lo que está planteado es alentar la estatización de las grandes propiedades y empresas capitalistas y su puesta en producción bajo formas sociales y económicas de gran propiedad socializada, no de pequeña propiedad individual.

La realidad es que en esa zona la organización de la producción ya se encuentra bajo condiciones de un altísimo nivel de “socialización”. Es ampliamente reconocido que la causa central del actual predominio de grandes propietarios y/o arrendatarios capitalistas de más de 20.000 hectáreas se debe a la posibilidad de aprovechar las economías de escala. La reducción del costo por hectárea es mayor a medida que aumenta la superficie trabajada. Se está en presencia de una enorme tecnificación, una relativamente baja cantidad de trabajadores por superficie explotada (sólo 5 trabajadores cada 1.000 hectáreas en promedio, al menos en el caso de la soja), parte de ellos muy calificados, y la virtual inexistencia de campesinos sin tierras. Pasar de este esquema a una dispersión de unidades agrícolas de hasta 200 hectáreas es lisa y llanamente un retroceso.

Por otra parte, una parte sustancial de los pequeños y medianos propietarios son rentistas o productores agrarios capitalistas de pleno derecho, con lo que asumir como propio el programa de la Federación Agraria genera una absoluta distorsión de cualquier intento de revolucionar las relaciones sociales en el sector. Según un estudio, “en los últimos quince años el proceso de transformación en la forma de organización y de desarrollo técnico–productivo del campo ha provocado una acelerada concentración de la producción (…). Se produjo una revolución tecnológica (…) basada en la siembra directa y las semillas transgénicas (…). Este cambio tecnológico demanda mucho menos trabajo manual y mucho más capital. Se necesitan millonarias inversiones en maquinas para siembra directa que son distintas a las tradicionales. Por eso mismo surgieron contratistas –la mayoría son además medianos y grandes ‘productores’– que van por los predios con sus maquinarias a realizar el trabajo, que en la agricultura tradicional podían llevar de uno a dos meses, según la extensión, y hoy se realiza en uno o dos días (…). En ese contexto aparecen los fondos de siembra –pools– que tienen el capital suficiente para comprar y aplicar ese nuevo paquete tecnológico en economías de escala. Pero son los tradicionales grandes propietarios de tierras (…) los que han avanzado en concentrar cada vez más la producción en sus manos. Y esto fue así porque a los chacareros que no pudieron acceder a este nuevo paradigma productivo–tecnológico les resulta mucho más rentable alquilar la tierra que trabajarla”. [14]

En este marco, “lo que se ha verificado es una enorme concentración de la producción sobre tierras arrendadas, lo que ha provocado una profunda alteración de la estructura económica y social del campo. La propiedad de la tierra sigue tanto o más concentrada que antes. Eduardo Basualdo destaca que en la zona pampeana el 86,4% de la producción agrícola sigue en las mismas manos que hace un siglo. Este complejo panorama permite acercarse a la comprensión de la actuación de la Federación Agraria en el conflicto, que ha desorientado a quienes todavía consideran que sigue siendo una entidad que defiende a los pequeños productores arrendatarios. Giberti ilustra que ‘el clásico chacarero arrendatario, la imagen tradicional del socio de la FAA, prácticamente desapareció porque muchos se transformaron en propietarios’. Muchos pasaron a ser arrendadores de los pools o de los grandes propietarios, lo que explica la indiferencia que manifestaron al proyecto de Ley de Arrendamiento, y que sólo se preocupen por la defensa de la renta sojera, que es la que les brinda el alquiler de sus tierras. Por eso Giberti señala que ‘ese cambio de estructura social hace que el chacarero típico de hoy tenga enfoques muy distintos del de antaño. Es un pequeño propietario’ (…) La FAA se ha convertido en una entidad que representa fundamentalmente a pequeños propietarios que no trabajan la tierra, sino que la alquilan para vivir de rentas”. [15]

Con respecto a las otras dos entidades, la CRA y la SRA, se señala que “la primera concentra un grupo de entidades regionales, representando a propietarios con extensiones de tierra de un promedio de 1.000 hectáreas, que para la región pampeana significa un patrimonio de 8 a 10 millones de dólares (…). En tanto, la Sociedad Rural sigue representando a grandes propietarios, pero con otra estructura de negocios: también han incorporado la agricultura, cuando antes eran casi exclusivamente ganaderos” [16].

En estas condiciones reales, no en las fantasías de la izquierda pro campo, un programa centrado en la reforma agraria clásica queda entonces kilómetros por detrás del desarrollo ya existente de las fuerzas productivas. Y, sobre todo, no tendría un sentido anticapitalista.

Por el contrario, entendemos que lo que está planteado es pasar a la expropiación de las grandes extensiones y su puesta en producción bajo formas de trabajo socializadas: “Lo que no se puede es prometer la ‘distribución’ a los chacareros de la tierra expropiada (…). Menos con la pretensión de ‘repoblar’ la pampa, como si la urbanización pronunciada de la Argentina fuera el resultado del atraso agrario y no, en realidad, de una productividad única en el mundo. Semejante medida sería un desastre que nos llevaría a la destrucción de las fuerzas productivas alcanzadas por nuestro país en su desarrollo histórico”. [17]

Expropiación, pequeña propiedad y cooperación

Este programa no implica, claro está, la expropiación de todos los propietarios. En el caso de propietarios y/o productores familiares que no empleen mano de obra asalariada y que por la extensión de sus parcelas y los volúmenes de producción no configuren empresas capitalistas propiamente dichas y prefieran seguir trabajando la tierra de manera independiente, lo razonable es respetar esa decisión.

Pero estas características se dan justamente en la zona extra–pampeana, con un perfil muy distinto al de la zona núcleo: gran cantidad de minifundios y un auténtico campesinado sin tierras desplazado por la expansión de la frontera de la soja. Se trata de extensiones de una, cinco o diez hectáreas en provincias como Santiago del Estero, Formosa, Salta, Chaco, etc.

En estos casos sí cabe aplicar un programa más tradicional de reforma agraria, entregando tierras a los sin tierra o devolviendo los predios a las poblaciones originarias que así lo reclamen, alentándolas, llegado el caso, a poner en pie formas de producción cooperativas. Lo que está en juego aquí son los derechos históricos de las comunidades, con formas de propiedad comunal que remiten a algo muy distinto que a la propiedad privada capitalista o a la apropiación violenta de porciones del planeta, que es la base material de la renta capitalista de la tierra.

Este tipo de explotaciones están más ligadas al autoconsumo de un verdadero campesinado, que no dedica el centro de su actividad a producir mercancías e incorporar valor. En ese sentido, es una figura “precapitalista”, o de producción mercantil simple (Mercancía–Dinero–Mercancía). Esto es, no genera plusvalor y su ciclo productivo no se hace en función de la ganancia, sino de satisfacer necesidades por la vía de la venta de parte de la producción para comprar otras mercancías. Es decir, el objetivo central no es la acumulación de capital sino el consumo.

Esto es distinto, o más bien antagónico, con los productores capitalistas agrarios que llevan adelante la producción al solo efecto de obtener ganancia, de generar plusvalor. Es absolutamente tramposo que los medios de comunicación (y cierta “izquierda”) los caracterice como “campesinos”.

En todo caso: “Se puede conceder que por razones políticas (la necesidad de fracturar el frente único burgués en el campo), se establezca un tratamiento diferente para las fracciones más pobres de la pequeño burguesía rural, la que no explota fuerza de trabajo. Pero esta concesión debe limitarse a garantizar su supervivencia, no a estimular su acumulación”. [18]

Lecciones revolucionarias del siglo XX

Lo que está planteado es poner en pie un plan nacional integral agrícola–ganadero que dé una respuesta anticapitalista y socialista de conjunto, integrando variables según la zona, como los diversos tipos de propiedad (socializada, cooperativa e individual), las mejores vías para el desarrollo de las fuerzas productivas y la existencia real o no de pequeños productores y/o campesinos sin tierra.

Esta combinación de factores, en las revoluciones anticapitalistas del siglo XX en general y en la Rusia revolucionaria socialista en particular, demostró ser mucho más rica que el esquema simplista de los que defienden la reforma agraria por todo programa para el campo argentino.

Por ejemplo, para el MST, “hablar, como hacen algunas corrientes de la izquierda, sólo de la nacionalización de la gran propiedad agraria, que equivale a estatizar el latifundio, sin mencionar a la reforma agraria, que es el reparto de la tierra en pequeños propietarios, es ir contra la experiencia de las grandes revoluciones del siglo pasado, donde los pequeños productores se convirtieron en un aliado imprescindible de los trabajadores contra la gran propiedad capitalista, y es abandonarlos en los brazos de la Sociedad Rural, la oligarquía de los grandes pools y monopolios del campo”. [19]

Evidentemente, el MST, puesto a sacar lecciones históricas, desbarra tanto o más que cuando pretende “teorizar”. Porque, por un lado, no se trataba de “productores” en general, sino de un campesinado hecho y derecho que, más allá de sus diferentes tradiciones, como fue en el caso de Rusia y China –en el primer caso, con prácticas de comuna rural; en el segundo, de comunidad de mercado [20]– es imposible de comparar con los burgueses pequeños y medianos que estuvieron en las rutas durante el lock out agrario.

En segundo lugar, no tiene nada que ver el actual desarrollo de las fuerzas productivas en la zona núcleo del campo argentino –de primer nivel en el mercado mundial– con la situación agraria de Rusia y China del siglo pasado, signada por la improductividad y el atraso. No hay forma de validar la analogía.

Tercero: la “experiencia histórica” revolucionaria real, queda, particularmente en el caso ruso, reducida a la nada por el MST. Es sabido que Lenin probó con múltiples políticas, tácticas e instrumentos respecto del agro ruso. Primero el poder bolchevique se vio obligado a avanzar manu militari, en el marco de la guerra civil. Después se reintrodujo el dinero y mecanismos de mercado con la NEP, cuando se desbarrancaba la producción y en las ciudades había un hambre creciente.

Lenin no se quedó allí: el MST parece desconocer que, en uno de sus últimos escritos respecto de cómo para impulsar pasos transitorios hacia formas socializadas de propiedad y producción agrícola, insistió en que desde el Estado obrero se debían impulsar formas cooperativas de producción en el campo.

Al mismo tiempo, no puede desconocerse que luego de la muerte de Lenin hubo una orientación peligrosamente oportunista: el “campesinos, enriqueceos” y la “industrialización a paso de tortuga” fueron las palabras de orden de Stalin y Bujarin ya en pleno proceso de burocratización de la revolución. Frente a lo cual polemizaron Trotsky, Preobrajensky (en ese momento) y el resto de la Oposición de Izquierda.

Si cabe aquí una analogía entre la experiencia rusa y el lock out agrario en la Argentina, es que éste último expresa un reflejo socio–político similar al de los kulaks en el debate de los años 20, en un sentido limitado pero muy preciso: ambos exigían, frente a la pretensión del Estado de apropiarse parte de la renta agraria, un vínculo directo con el mercado mundial.

En efecto, la exigencia del kulak de permitir el libre comercio no era otra cosa que el reclamo de relacionarse directamente con la Europa capitalista. Algo que hubiera socavado decisivamente la dictadura del proletariado. El ala izquierda bolchevique, encarnada por la Oposición de Izquierda, planteaba en cambio que una parte de la renta, del plusvalor agrario, fuera transferido del campo a la ciudad. ¿Cómo? Vendiéndole a los productores agrarios, obligatoriamente, máquinas “caras”, es decir, de un valor mayor (y menor productividad), fabricadas por una clase obrera todavía muy atrasada. Es decir, el poder proletario debía obligar al “campo” más productivo y competitivo a transferir valor y renta a las ciudades. En este sentido, La nueva economía, de Preobrajensky, no se equivocaba al hablar de “explotación” de los productores agrarios. Era la derecha de Bujarin la que defendía la acumulación en el campo a cargo de los “productores” capitalistas. Este curso del stalinismo en ascenso llevó a una dramática crisis y a un brutal lock out agrario en 1927. La respuesta fue un bandazo: la orientación ultraizquierdista y represiva de impulso a la “colectivización” forzosa del campo, sin democracia obrera ni verdadera socialización de la producción, que liquidó las fuerzas productivas del campo ruso por varias décadas.

Las circunstancias específicas y la complejidad del caso obliga a ser cuidadoso con las analogías históricas, precaución que el MST no se molesta en tomar cuando acusa alegremente de “stalinismo” a los que no apoyamos un lock out agrario patronal de programa liberal. Pero esperar del MST respeto por los hechos históricos, sutileza conceptual o, aunque más no fuera, honestidad intelectual en la polémica es pedirle peras al olmo.

En suma, queremos concluir reafirmando que el eje de un programa agrario socialista revolucionario para nuestro país pasa por la expropiación de la gran propiedad, pero no para crear una clase de pequeños burgueses del campo sino para ir hacia la socialización de la producción. Y esta medida debe ir acompañada de la estatización bajo control de los trabajadores de las grandes unidades de producción capitalistas, pools de siembra, grandes contratistas, proveedores de insumos, acopiadores, exportadores, agro–industrias e industrias de maquinaria agrícola, poniendo la producción agraria bajo los principios de la planificación socialista de la economía.

[1] Karl Marx, El capital, Tomo III, volumen 8, México, Siglo XXI, 1981, p. 793.

[2] Karl Marx, Teorías de la plusvalía, pp.342–4; Madrid, Comunicación, 1974, pp. 342ss.

[3] Por otra parte, esta moderada pretensión se limita sólo a algunos rubros esenciales. Por ejemplo, los Kirchner buscan elevar la recaudación fiscal con la renta originada en el agro, pero no tocan nada del escandaloso esquema de saqueo en la explotación minera, generado en los 90. Las compañías multinacionales que rapiñan recursos no renovables devuelven al Estado en concepto de regalías un ridículo 3%, con la total complacencia de la clase política provincial, que se vende a sí misma a precio de saldo.

[4] Leon Trotsky, El programa de transición, Buenos Aires, Crux, 1990, pp. 48–49.

[5] Kabat, idem.

[6] Hay un evidente paralelo con otros recursos naturales tales como el gas, el petróleo, la minería, la riqueza ictícola y otros tantos que pagan renta bajo el capitalismo.

[7] Eduardo Sartelli, “El convidado de piedra”, El Aromo 42.

[8] Por la Enfiteusis, entre 1822 y 1830 se entrega a 538 propietarios un total de 8.656.000 hectáreas en la zona más rica del país.

[9] Mario Rapoport, Pagina 12, 13–07–08.

[10] “Resultados definitivos del censo nacional agropecuario 2002”. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

[11] David Cufré, Página 12, 13–07–08.

[12] Página 12, 21–7–08.

[13] Alternativa Socialista 473, 16–4–08.

[14] Alfredo Zaiat, Página 12, 12–7–08.

[15] A. Zaiat, cit.

[16] Idem.

[17] E. Sartelli, cit.

[18] Sartelli, ídem.

[19] Alternativa Socialista nª 473, 16–04–08.

[20] Ver Roberto Sáenz, “China 1949: una revolución campesina anticapitalista”, Socialismo o Barbarie, revista, Nº 19, diciembre de 2005.

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